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El Gobierno prorrogará la emergencia eléctrica hasta fin de año para garantizar obras clave y evitar cortes de luz

El decreto se publicará en el Boletín Oficial tras vencer el plazo técnico. Apuestan a obras de infraestructura por más de 7.000 millones de dólares.

El Gobierno prorrogará la emergencia eléctrica hasta fin de año para garantizar obras clave y evitar cortes de luz
El Gobierno busca apuntalar el sistema de transporte de alta tensión mediante inversiones privadas.

El Poder Ejecutivo nacional formalizará en las próximas horas una medida clave para el esquema regulatorio del sistema energético. El Gobierno se prepara para extender, al menos hasta fines de diciembre, la emergencia en el sector de la energía eléctrica, un estado de excepcionalidad que rige desde el inicio del mandato de Javier Milei. La prórroga tiene como objetivo central otorgar poder de maniobra legal y administrativa a la Secretaría de Energía mientras el sector privado acelera las obras de infraestructura destinadas a robustecer el sistema interconectado y prevenir apagones masivos.

La vigencia de la última prórroga de la emergencia eléctrica concluyó formalmente el pasado 9 de julio, por lo que se prevé que el nuevo decreto sea publicado en el Boletín Oficial entre este lunes y martes. En contraposición, la emergencia correspondiente a los segmentos de transporte y distribución de gas ya cuenta con un marco de vigencia extendido de forma previa hasta los últimos meses de 2026. Según trascendió desde despachos oficiales, el texto normativo está prácticamente listo y fundamenta el plazo de gracia en el avance de las licitaciones privadas que permitirán normalizar la red de cara al año próximo.

Los ejes de la normalización del mercado mayorista

Desde el recambio de gestión, el Palacio de Hacienda ha utilizado la herramienta de la emergencia para reconfigurar el mercado eléctrico y gasífero, fuertemente afectado por desajustes tarifarios crónicos y falta de mantenimiento. El decreto anterior (370/25) justificaba la excepcionalidad ante "la necesidad urgente de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos" frente a la vulnerabilidad del parque de instalaciones y la falta de señales de mercado para incentivar la oferta y ordenar la demanda.

En las esferas del sector energético ponderan que durante este período se alcanzaron hitos estructurales hacia la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Entre los avances principales se destacan:

  • Esquema Tarifario: Implementación de revisiones integrales con un cronograma de actualización mensual.

  • Segmentación Eficiente: Transición del antiguo modelo del RASE (subsidios por ingresos) hacia un sistema de subsidios plenamente focalizados.

  • Desregulación y Privatizaciones: Apertura a la competencia contractual entre privados, la reconcesión de las centrales hidroeléctricas del Comahue y la transferencia definitiva al sector privado de Transener, la principal empresa transportadora de alta tensión del país.

Millonarias inversiones en almacenamiento y transporte

El cese definitivo de la emergencia energética se encuentra estrictamente atado a la finalización de proyectos de infraestructura considerados críticos. Para mitigar los picos de consumo estival, la Secretaría de Energía adjudicó una partida de 700 millones de dólares destinados a la instalación de más de 700 megavatios (MW) mediante sistemas de baterías distribuidos en siete regiones estratégicas del territorio nacional, que se acoplarán a obras de almacenamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por otros 650 millones de dólares previstas para diciembre.

En paralelo, el Ministerio de Economía avanza en las licitaciones para obras de ampliación por 6.600 millones de dólares, financiadas en su totalidad por capitales privados, orientadas a resolver los cuellos de botella del transporte eléctrico.

Este plan de contingencia estructural contempla el tendido de más de 5.600 kilómetros de líneas de alta tensión a nivel federal. Entre las obras de máxima prioridad se destaca el proyecto AMBA I —zona que concentra el 40% de la demanda energética nacional— y la construcción de dos grandes líneas de transmisión de 500 kilovoltios (kV) que interconectarán los centros de generación de las provincias de Mendoza y Chubut con los principales nodos de consumo de la provincia de Buenos Aires.

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