La Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó de raíz el esquema de precios que regía en la medicina prepaga desde fines de 2023 al declarar inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, normas que habían eliminado la intervención del Estado en la fijación de las cuotas. Con este pronunciamiento, las empresas deberán volver a someter sus pedidos de aumento al control previo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
La sentencia se originó en la demanda de una afiliada cuya cuota sufrió un incremento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Si bien los efectos inmediatos rigen para ese expediente puntual, el fallo sienta un precedente jurídico determinante para cientos de causas en trámite y para futuros reclamos de usuarios en todo el país.
Qué cambia en el cálculo de las cuotas y el rol del Estado
Al quedar invalidada la libertad de precios en el caso analizado, recupera plena vigencia el sistema de la Ley 26.682, que obliga a la Superintendencia a fiscalizar la razonabilidad de los aranceles en función de la estructura de costos de cada firma y un cálculo actuarial de riesgos. Es decir, los ajustes dejarán de depender exclusivamente de la decisión comercial de las compañías.
No obstante, el máximo tribunal no fijó una fórmula matemática para los próximos incrementos ni avaló que las actualizaciones queden atadas automáticamente a la inflación: revocó el tramo del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que había impuesto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como techo. Además, devolvió el expediente a esa Cámara para que establezca los criterios técnicos de aprobación bajo los cuales deberá actuar el ente regulador.
Qué pasa con lo ya pagado y cómo iniciar un reclamo
La resolución de la Corte no ordena una rebaja generalizada en las facturas ni habilita devoluciones automáticas de los montos abonados desde la desregulación. Sin embargo, funciona como respaldo jurisprudencial para cualquier socio que considere abusivas las subas aplicadas en su plan y decida exigir una revisión o el reintegro de sumas improcedentes.
Para sustentar un eventual reclamo administrativo o judicial, resulta fundamental reunir y conservar la siguiente documentación:
Facturas detalladas previas y posteriores a la aplicación de los aumentos.
Comprobantes de pago correspondientes a cada período cuestionado.
Notificaciones y comunicaciones enviadas por la empresa de medicina prepaga.
Contrato o condiciones generales de adhesión al plan médico.






