Por Gabriel Alvarez:
La reciente polémica viralizada por el cartel de un local gastronómico que sentenciaba: “Si no puede pagar la propina, no puede pagar para comer aquí”, expone a carne viva una de las trampas más normalizadas del sistema laboral actual. Intentar consagrar la propina como un elemento obligatorio o "cultural" en Argentina no es un acto de solidaridad con el trabajador; es la institucionalización de la precarización laboral.
Quienes conocemos desde adentro el mundo de la gastronomía sabemos perfectamente que detrás de la falsa empatía de "ayudar al mozo" se esconde una realidad estructural perversa: salarios de miseria, informalidad y una desprotección total.
El principio básico de cualquier comercio es que el empleador debe garantizar el pago del salario de sus trabajadores a cambio de su fuerza de trabajo. Cuando la propina se vuelve indispensable para que un mozo llegue a fin de mes, el empresario está trasladando el costo de sus operaciones y su riesgo comercial directamente al consumidor. Si el local está vacío o la noche viene mala, el trabajador cobra menos. Eso no es empleo; es desamparo, es humillación.
La "cultura de la propina" funciona como la excusa perfecta para mantener los salarios básicos en el piso legal (o incluso por debajo, en el extendido circuito informal). Al argumentar que "con las propinas compensan", se naturaliza que el ingreso digno de una persona dependa del humor, la generosidad o la capacidad económica del cliente de turno, y no de un contrato justo y regulado.
Como bien se planteaba en el debate de las redes: ¿Quién garantiza que esa plata llegue realmente al mozo? En la era de los pagos digitales, los porcentajes retenidos por "costos de tarjeta", las cajas navideñas obligatorias controladas por los dueños o los repartos discrecionales ("la copa") hacen que el dinero se licúe en el camino. La propina no es auditable; el salario en blanco, sí.
El cartel que desató el escándalo intenta instalar una lógica peligrosa: poner al cliente en el rol de "explotador" si decide no dejar un extra, desviando el foco de atención del verdadero responsable. El consumidor ya paga por el servicio en el precio de la carta. Exigirle que además pague el sueldo del empleado es un abuso que busca culpabilizar al eslabón equivocado.
¿Por qué se ha naturalizado que ciertos trabajos deban ser "subsidiados" por el cliente y otros no?
Para entender lo absurdo de esta dinámica, basta con mirar a nuestro alrededor. En el día a día, interactuamos con decenas de trabajadores que realizan tareas esenciales, extenuantes y muchas veces bajo una enorme presión, sin que nadie cuestione la ausencia de una propina.
Nadie le deja un 10% extra al cajero del supermercado por escanear rápido los productos, ni al colectivero por dejarnos a salvo en la parada un día de tormenta. Tampoco se nos ocurriría dejarle propina al médico de la guardia, al recolector de residuos o al empleado que nos atiende en una tienda de ropa bajo el argumento de que "hicieron bien su trabajo". En esos rubros, se entiende perfectamente que el trabajador cumple con su labor y que su remuneración corre por cuenta de la empresa o institución que lo contrata.
Sin embargo, el fenómeno se está desvirtuando a niveles alarmantes. Hoy en día, es cada vez más común entrar a la verdulería del barrio y encontrarse con un frasco de propinas para los empleados. ¿Por qué ocurre esto?
No es una evolución cultural ni un brote de generosidad espontánea; es el síntoma de una economía enferma y de la expansión de la precarización laboral. Ante la pérdida del poder adquisitivo y la incapacidad (o falta de voluntad) de los comerciantes para pagar salarios reales que cubran la canasta básica, se recurre al "frasco". Se apela a la culpa y a la cercanía afectiva del vecino para que sea la comunidad la que termine de pagar el sueldo del chico que acomoda los cajones de verdura.
Es la lógica de la informalidad ganando terreno: si el salario es de miseria, que la caridad del cliente lo solucione.
Legitimar la obligatoriedad e incluso voluntariedad es validar un modelo de negocios donde el empresario gana, el Estado mira para otro lado y el trabajador subsiste a base de la benevolencia del público.
Si un local gastronómico, una verdulería o cualquier comercio no puede pagar salarios dignos a su personal sin exigirle un subsidio obligatorio a sus clientes, entonces ese modelo de negocio simplemente no es viable. Los derechos laborales no se discuten en la caja de un local ni dependen del cambio que sobre en el bolsillo; se garantizan, como corresponde, en el recibo de sueldo.
