La situación de las cooperativas y mutuales encendió una señal de alerta en Santiago del Estero. El director del Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC), Hernán Cisterna, reveló que 458 cooperativas de la provincia se encuentran alcanzadas por una resolución nacional vinculada con incumplimientos administrativos. La cifra representa aproximadamente la mitad del padrón provincial y podría generar importantes dificultades para el funcionamiento institucional de estas organizaciones.
En una entrevista exclusiva con ADN de Radio, por LV11, el funcionario explicó los alcances de la decisión adoptada por el organismo nacional encargado de otorgar las matrículas a cooperativas y mutuales.
Según detalló, el pasado 3 de noviembre se dictó la Resolución 2077, mediante la cual se dispuso la suspensión de matrículas de 6.279 cooperativas en todo el país por incumplimientos relacionados con la presentación de documentación institucional y asamblearia.
Además, se intimó a otras 1.278 entidades a regularizar su situación dentro de plazos que, de acuerdo con cada caso, van de 30 a 60 días hábiles.
“En nuestro caso, en Santiago del Estero, estas intimaciones nos afectaron de un padrón de 900 entidades a 458 entidades distribuidas en todo el territorio de la provincia”, señaló Cisterna.
El director del IPAC también hizo referencia a mutuales alcanzadas por la medida, aunque durante la entrevista mencionó dos cifras diferentes, por lo que ese dato requiere una confirmación adicional.
Preocupación por el impacto en el trabajo y las actividades económicas
Cisterna explicó que las consecuencias de la resolución no se limitan a cuestiones administrativas, sino que pueden afectar el desarrollo de actividades económicas y sociales.
En ese sentido, recordó que numerosas cooperativas funcionan en localidades del interior santiagueño, donde representan una fuente de trabajo y una herramienta de organización comunitaria.
“Tenemos en todo el territorio de Santiago del Estero, en los lugares más lejanos, cooperativas que nuclean a personas, que generan trabajo y que les generan esperanza”, expresó.
El funcionario advirtió que la suspensión de una matrícula puede provocar inconvenientes al momento de realizar trámites bancarios, financieros o ante organismos públicos.
Si bien aclaró que las entidades pueden continuar desarrollando determinadas actividades en la práctica, explicó que la falta de vigencia de su matrícula puede impedirles asumir compromisos formales o acreditar su situación institucional.
“La medida impide que estas instituciones puedan asumir compromisos formales. En actividad y en los hechos, las entidades pueden seguir trabajando”, sostuvo.
Por ese motivo, consideró que el impacto puede ser especialmente delicado para organizaciones que dependen de convenios, operaciones financieras o gestiones ante instituciones estatales.
Incumplimientos administrativos y riesgo de perder la operatividad
Consultado sobre las razones que motivaron una decisión de semejante magnitud, el titular del IPAC explicó que el organismo nacional fundamentó la medida en un proceso de reordenamiento del padrón de cooperativas y mutuales.
Sin embargo, cuestionó la oportunidad de aplicar sanciones de este alcance en el actual contexto económico.
Según Cisterna, existen diferentes grados de incumplimiento entre las entidades alcanzadas.
En algunos casos, las observaciones están relacionadas con la falta de vinculación a sistemas de trámites digitales. En otros, se trata de organizaciones que llevan varios años sin presentar balances, documentación asamblearia u otros requisitos institucionales.
El funcionario sostuvo que estas situaciones deben analizarse individualmente y que no todas las entidades se encuentran en las mismas condiciones.
También advirtió que, si las organizaciones no regularizan su documentación dentro de los plazos establecidos, podrían enfrentar consecuencias más graves para su continuidad institucional.
En ese marco, consideró que exigir determinadas obligaciones formales a entidades con dificultades económicas puede representar un golpe especialmente duro.
El IPAC convocó a las entidades a regularizar su situación
Frente a este escenario, Cisterna anunció que el organismo provincial trabajará para acompañar a las cooperativas y mutuales afectadas.
El objetivo será identificar los casos alcanzados por la resolución, verificar los incumplimientos y orientar a sus responsables sobre los pasos necesarios para normalizar su situación.
“Invitamos a todas las instituciones o a sus miembros a acercarse a este organismo para que podamos indicarles y asesorarlos en este proceso que vamos a iniciar de salvataje, a efectos de preservar las instituciones”, afirmó.
El funcionario destacó la importancia de que la información llegue también a las localidades más alejadas de la provincia, donde muchas organizaciones podrían desconocer que se encuentran incluidas en la medida.
En ese sentido, aprovechó los micrófonos de La Radio de los Santiagueños para convocar a los representantes de las entidades a realizar las consultas correspondientes.
La intención del IPAC es evitar que los incumplimientos administrativos terminen comprometiendo el funcionamiento de organizaciones que cumplen un papel importante en las economías locales.
Con 458 cooperativas alcanzadas por la resolución nacional, Santiago del Estero enfrenta un proceso de regularización que será clave para preservar la actividad de numerosas entidades y los espacios de trabajo vinculados con ellas.
