Un severo cuestionamiento institucional recae sobre el accionar judicial en la causa que investiga a la firma Fürth por un perjuicio económico cercano a los $7.000 millones. Según trascendidos vinculados a los damnificados, el juez Merino interrumpió de manera extraordinaria una licencia por viaje para encabezar la audiencia, otorgar las excarcelaciones a los principales acusados y, de forma inmediata, solicitar un nuevo apartamiento.
El dictamen del magistrado benefició a los imputados Gerardo Caro, Matías Lladó y Graciela Moyano mediante el fijado de cauciones económicas. La resolución concedió la libertad condicional bajo montos de $70 millones para Caro y Lladó, y $20 millones para Moyano, cifras que representan apenas un 1% del volumen financiero investigado y que contrastan con los pedidos de prisión preventiva planteados por la Fiscalía.
La maniobra con el régimen de licencias generó una fuerte pérdida de confianza pública y encendió alarmas en el fuero provincial. Ante la falta de explicaciones oficiales sobre las autorizaciones administrativas de dicho apartamiento, sectores de damnificados analizan avanzar institucionalmente impulsando un pedido de juicio político y remoción contra el magistrado.
