Una grave denuncia contra un funcionario policial abrió una nueva línea de investigación judicial en Santiago del Estero, luego del secuestro de más de dos toneladas de hojas de coca transportadas en tres camionetas. Un chofer aseguró que un efectivo que prestaría servicio en Rapelli cobraba $300.000 por vehículo para proporcionar información sobre controles policiales y facilitar el paso de los cargamentos. La Fiscalía ya dispuso medidas para analizar las presuntas pruebas.
El caso se desprende del procedimiento realizado el jueves en un camino vecinal que conecta Ardiles con Pozo Hondo, donde efectivos policiales interceptaron tres camionetas que trasladaban 2.061,600 kilogramos de hojas de coca.
Tal como informó oportunamente Nuevo Diario, el operativo permitió detectar el cargamento y dio lugar a nuevas actuaciones judiciales.
Sin embargo, la investigación tomó otro rumbo cuando uno de los conductores denunció que habría realizado pagos a un integrante de la fuerza de seguridad para recibir información sobre los controles existentes a lo largo de su recorrido.
La presentación fue realizada en la Comisaría Comunitaria Nº 26 de Pozo Hondo, donde el hombre brindó detalles sobre los supuestos acuerdos y puso a disposición de la Justicia su teléfono celular.
Denunció pagos de $900 mil por cada paso de tres camionetas
De acuerdo con la denuncia, el conductor, de 40 años, manifestó que trabaja trasladando cargamentos de hojas de coca para un ciudadano de nacionalidad boliviana.
Según explicó, realiza viajes desde Orán, provincia de Salta, hacia Buenos Aires desde hace aproximadamente dos años y medio, utilizando habitualmente la Ruta Nacional 34.
En su declaración señaló a un funcionario policial que prestaría servicio en el destacamento de Rapelli, a quien acusó de proporcionar fotografías y datos sobre la ubicación de los puestos de control.
A cambio de esa información, el efectivo supuestamente exigía $300.000 por cada vehículo que debía circular por la zona.
El denunciante sostuvo que habría concretado tres acuerdos con el policía y que, en cada oportunidad, el traslado se realizaba mediante tres camionetas.
De acuerdo con su versión, el pago ascendía a $900.000 por cada paso del grupo de vehículos, a cambio de recibir información que les permitiera continuar el recorrido.
De confirmarse los tres acuerdos relatados, los desembolsos mencionados alcanzarían los $2.700.000, aunque por el momento se trata exclusivamente de afirmaciones del denunciante que deberán ser corroboradas por la investigación.
También denunció un supuesto arreglo con un jefe policial
Durante su presentación, el chofer relató otro episodio que habría ocurrido aproximadamente 20 días antes del procedimiento.
Según manifestó, una camioneta Volkswagen Amarok que transportaba hojas de coca sufrió la pinchadura de un neumático mientras circulaba por la zona de Rapelli.
En esas circunstancias, siempre de acuerdo con su relato, se habría presentado personal policial y posteriormente se habría concretado un supuesto acuerdo con un jefe de la fuerza.
El denunciante aseguró que, para resolver aquella situación, habrían entregado 10 kilogramos de hojas de coca y alrededor de $1.500.000.
Esta segunda acusación también quedó bajo análisis judicial y, hasta el momento, no se informó que los hechos denunciados hayan sido acreditados.
La Fiscalía pidió las conversaciones y recibió un celular
Tras conocer la presentación, el fiscal de turno del Ministerio Público Fiscal de Termas de Río Hondo, Dr. Emanuel Sabater, dispuso medidas destinadas a reunir elementos que permitan verificar las acusaciones.
Entre ellas, solicitó las capturas de pantalla de las conversaciones que el denunciante habría mantenido con el contacto señalado como integrante de la Policía.
El conductor, además, entregó voluntariamente su teléfono celular, que quedó a disposición de la investigación.
El análisis de las comunicaciones podría resultar importante para determinar si existieron los contactos y acuerdos económicos mencionados.
Por el momento, la causa se encuentra en una etapa de investigación y las acusaciones deberán ser contrastadas con las pruebas que se incorporen al expediente.
El caso genera especial preocupación por la posibilidad de que integrantes de una fuerza de seguridad hayan proporcionado información sobre controles a cambio de dinero.
La Justicia deberá establecer ahora si los hechos relatados efectivamente ocurrieron y si corresponde atribuir responsabilidades penales o administrativas a los funcionarios mencionados.





