Por Ariel Sequeira
A pesar de la oportuna cadena nacional en la que el presidente Javier Milei exaltara la causa Malvinas, ondeando enfáticamente la bandera de la soberanía nacional, los problemas económicos de la gente siguen a la cabeza de las preocupaciones sociales. Los morosos incobrables, que se cuentan por millones, los usurarios intereses por mora de tarjetas y billeteras virtuales, más los usureros propiamente dichos, penden cual espada de Damocles sobre las cabezas atribuladas de los deudores. Ese estado de situación podría ser la causa de una aparente ola de suicidios en las grandes urbes. Ni Milei con su exabrupto patriotero logró cambiar el foco de atención, dado que los argentinos siguen acuciados por las deudas.
El problema de la gente que tomó créditos y está en mora sigue vigente más allá de los afanes “electoralistas” del presidente de la Argentina. Es importante señalar que la mora en los bancos se categoriza en distintos niveles: uno, dos, tres, cuatro o cinco, dependiendo de la cantidad de días que el deudor esté atrasado en el pago de las cuotas. En la actualidad se cuentan cerca de seis millones de personas en la categoría cinco, que sería la peor de todas, dado que allí estarían incluidos los llamados irrecuperables. Esa cifra se da en el contexto de unos 20 millones de argentinos que tienen deudas -en distintas categorías-.
No cabe ninguna duda de la responsabilidad que pesa sobre el Estado, dado que el actual gobierno nacional fue el responsable de subir fuertemente la tasa de interés, justo antes de las elecciones del 2025, para frenar el tipo de cambio, complicando gravemente este panorama. A esto habría que sumar la caída de los salarios reales. Al respecto, Roberto Cachanosky consideró que si bien se trataría de un problema entre privados, señaló que el Estado no debería aportar dinero, pero sí podría bajar o eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las cuotas o en los préstamos otorgados.
El especialista en economía planteó también la posibilidad de que los bancos tengan un menor encaje bancario. Para comprender mejor esta posible solución, es necesario saber que si alguien deposita 100 pesos y el banco queda obligado a inmovilizar una parte en el Banco Central, dicha tasa sería hoy del 30 por ciento del total. Pero al quedar inmovilizado ese dinero, queda menos disponible para prestar. Con ese esquema, Cachanosky sugiere bajar la tasa de interés, junto con la eliminación del IVA para los préstamos y la baja del encaje bancario, lo que podría colaborar para aliviar la angustia de los deudores. El objetivo sería que la gente pueda regularizar su situación con el sistema financiero.
¿Bien por Cachanosky…? Es necesario señalar que el gobierno de la Nación debió convalidar y permitir subas en las tasas de interés principalmente para contener corridas cambiarias, calmar la suba del dólar y así enfrentar con mejores armas la incertidumbre política o el riesgo electoral. Queda claro entonces que fue una medida netamente política, que buscó un beneficio directo para el régimen anarco-libertario, dejando en el camino a los tomadores de deuda, sin importarle en lo más mínimo la suerte que estos tendrían que correr, como se ve en la actualidad.
Repasemos una vez más los factores principales de la suba de las tasas: en primer término, se habría buscado frenar al dólar, tolerando una tasa más alta para evitar la dolarización masiva y la fuga de divisas. Además, el oficialismo atribuyó las presiones en los mercados a la incertidumbre generada por la oposición y las tensiones legislativas. Una excusa insostenible, que en todo caso acució solo al gobierno nacional en sus afanes electoralistas. Así, bajo la visión libertaria, el Banco Central buscó no fijar de manera artificial el precio del dinero, dejando que las tasas respondan a la demanda de mercado y al contexto de iliquidez.
Para muestra basta un botón: en las redes circula por estas horas el caso de un catamarqueño que tomó prestados hace un año 50 mil pesos, se atrasó quedando en mora y hoy debe al banco 1.500.000 pesos. A Cachanosky cabría recordarle que en la Argentina, en su momento, el Estado se hizo cargo de la deuda de unos cuantos privados. Esto ocurrió formalmente el 17 de noviembre de 1982 a través de la Circular A-251 del Banco Central, como resultado de la crisis financiera y cambiaria iniciada en 1980 durante la dictadura militar. Por aquel entonces, el Banco Central (BCRA) aceptó hacerse cargo de las deudas en dólares que las empresas privadas tenían con bancos de otros países. Las empresas pagaron su deuda en pesos a nivel local a un valor bajo y el Estado argentino asumió la obligación de pagar esos dólares al exterior. La deuda de los privados pasó a ser deuda pública de todo el país.
La pregunta es entonces: ¿Por qué para los ricos sí hay un Estado salvador y para los pobres no?
