La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves 19 de noviembre la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, mediante los cuales se habían suprimido las atribuciones del Estado para controlar los aumentos de las empresas de medicina prepaga.
A partir de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera sus facultades legales para revisar, fiscalizar y autorizar las actualizaciones de los planes privados, conforme a los parámetros establecidos en la legislación vigente. El fallo lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y constituye un pronunciamiento de alto impacto sobre una de las reformas centrales impulsadas por el Ejecutivo en el sistema sanitario privado.
El origen del reclamo judicial
El expediente se inició a raíz del amparo presentado por una afiliada cuya cuota sufrió un incremento acumulado del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La usuaria cuestionó la validez de las subas ante la Justicia al considerar que la desregulación dispuesta por decreto había habilitado aumentos desproporcionados.
En una instancia previa, la Cámara Federal de La Plata había declarado la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y ordenado que las actualizaciones se rigieran por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al revisar el caso, la Corte Suprema ratificó la invalidez constitucional de los artículos que eliminaron el control estatal, aunque descartó fijar un tope automático atado al índice inflacionario.
Qué cambia para los afiliados y las empresas
Con este fallo, las compañías de medicina prepaga deberán volver a someter sus propuestas de aumento a los procedimientos de supervisión oficial. Esto implica que:
No se prohíben las subas, pero la autoridad de aplicación volverá a evaluar si los porcentajes solicitados se encuentran respaldados por la evolución de los costos prestacionales y los cálculos actuariales de cada entidad.
Impacto en litigios en curso: la decisión funciona como precedente directo para alrededor de 500 causas similares que aguardan sentencia y para eventuales planteos futuros de usuarios.
Sin devolución automática: la resolución no dispone el reintegro inmediato de los montos ya abonados por los afiliados, por lo que cada reclamo patrimonial deberá resolverse según las particularidades de cada expediente.
Los fundamentos del máximo tribunal
Para declarar la inconstitucionalidad, los ministros de la Corte sostuvieron que el Poder Ejecutivo Nacional no acreditó de manera suficiente la necesidad y urgencia de eliminar la regulación estatal mediante un decreto.
En su argumentación, recordaron que la Constitución Nacional habilita el dictado de un DNU únicamente ante circunstancias excepcionales que impidan seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes en el Congreso. Según el criterio del tribunal, las menciones genéricas a la crisis económica y a la búsqueda de mayor competitividad no demostraron que fuera indispensable suprimir las potestades de control de la Superintendencia por esa vía excepcional.
Finalmente, los magistrados aclararon que el fallo se circunscribe exclusivamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, sin emitir pronunciamiento sobre la validez constitucional del resto del decreto.






