El empresario Franco Alderete solicitó ante la Justicia civil la quiebra de su compañía, en forma paralela a la tramitación de una investigación penal por presunta estafa que encabeza el fiscal Fernando Blanno. El expediente judicial acumula hasta la fecha 15 denuncias formales que señalan un perjuicio económico estimado en $536 millones de pesos, aunque el monto total de los reclamos podría ser ampliamente superior.
De acuerdo con la instrucción judicial, la firma operaba mediante un esquema de captación de fondos privados prometiendo rendimientos mensuales de hasta 7% en pesos y 3,4% en dólares. La maniobra se expandió por varias jurisdicciones, registrando denuncias en Santa Fe, Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero, provincia donde los montos reclamados por los damnificados rozarían los $1.000 millones.
Medidas de prueba y rechazo de los querellantes
Ante el corte de pagos registrado a comienzos de 2026, el imputado justificó el incumplimiento atribuyéndolo a un descalabro operativo, rechazando la existencia de un delito penal. Sin embargo, la Fiscalía avanzó con allanamientos e inspecciones sobre sus activos:
Medidas de la fiscalía: se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable y se solicitaron informes a entes de contralor financiero para verificar la posible comisión de intermediación financiera no autorizada, lo que derivaría el caso al fuero federal.
Postura de la querella: los abogados representantes de las víctimas, Aníbal Paz y Juan Pablo Bello, cuestionaron el pedido de quiebra al interpretarlo como un intento por eludir responsabilidades económicas, aclarando que la vía civil no detiene la prosecución de las imputaciones penales.
Las autoridades judiciales precisaron que ambos expedientes continuarán de forma independiente, por lo que la designación de un síndico contable no alterará el curso de las eventuales condenas penales.
