La causa judicial vinculada a Fürth Automotores sumó un nuevo capítulo tras la decisión de la defensa de recurrir la prisión preventiva dispuesta contra dos imputados. En una entrevista exclusiva con ADN de Radio, de LV11, el abogado Miguel Ángel Torres cuestionó duramente los fundamentos de la resolución, denunció presuntas irregularidades en la valoración de las pruebas y confirmó que presentará una apelación durante este viernes.
El letrado dialogó con el móvil de exteriores de LV11 y Nuevo Diario desde su estudio jurídico, donde brindó detalles de la estrategia que llevará adelante para intentar revertir la medida judicial.
Torres representa a uno de los imputados en el expediente y sostuvo que la resolución notificada el jueves contiene, a su criterio, contradicciones que afectan los derechos de su defendido.
“Es una resolución vacía de sustento, con errores gravísimos de contenido. Prueba a favor de mi defendido la toman en contra”, afirmó.
Sus declaraciones se producen después de que la Justicia resolviera dictar ocho meses de prisión preventiva para dos personas investigadas en el marco de la causa.
La defensa cuestionó las pruebas utilizadas para justificar la detención
Durante la entrevista, Torres explicó que uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con la interpretación de movimientos bancarios y operaciones comerciales incorporadas al expediente.
Según sostuvo, existen elementos que la defensa considera aclarados y que, sin embargo, habrían sido utilizados para fundamentar la medida de coerción.
Como ejemplo, mencionó una operación de compraventa de un vehículo en la que una persona realizó el pago de una unidad que sería registrada a nombre de su madre.
El abogado señaló que la diferencia de apellidos entre quien efectuó la transferencia y la titular del vehículo habría generado sospechas durante la investigación.
De acuerdo con su explicación, la defensa presentó información para acreditar el vínculo familiar y justificar la operación.
“El juez acepta la explicación de la defensa, pero utiliza esa misma prueba en contra”, cuestionó.
Torres también hizo referencia a transferencias de dinero entre compañeros de trabajo que, según su versión, correspondían a préstamos personales o movimientos posteriormente restituidos.
En uno de los casos, mencionó operaciones por dos millones y un millón de pesos, respecto de las cuales aseguró que se aportaron comprobantes de devolución obtenidos mediante home banking.
Asimismo, se refirió a una transferencia de 400.000 pesos que, según explicó, habría sido un préstamo destinado a cubrir gastos personales.
El letrado sostuvo que estos movimientos fueron interpretados de manera incorrecta y que la documentación presentada no recibió la valoración que esperaba.
Se trata de cuestionamientos formulados por la defensa, cuya validez deberá ser examinada por las instancias judiciales correspondientes.
“Hay gente en iguales condiciones que está en libertad”
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el cuestionamiento del abogado al criterio utilizado para disponer las prisiones preventivas.
Torres consideró que existen diferencias de tratamiento entre personas investigadas en circunstancias que, según su interpretación, serían similares.
“Para mí es una persecución a gente que debería estar en libertad”, manifestó.
En ese sentido, sostuvo que algunas personas vinculadas al expediente permanecen detenidas mientras otras continúan en libertad, una situación que calificó como injustificada.
También criticó la utilización de la prisión preventiva en el sistema judicial provincial.
“Hoy, en la provincia de Santiago del Estero, la libertad es la excepción. La prisión preventiva te la piden por cualquier cosa”, expresó.
Estas afirmaciones representan la posición del abogado defensor y no constituyen una determinación judicial sobre la existencia de irregularidades.
Presentarán una apelación y pedirán una revisión de la resolución
Torres confirmó que la defensa avanzará con la presentación del recurso de apelación durante este viernes 13 de noviembre.
“Hoy mismo”, respondió cuando fue consultado sobre la fecha en la que formalizaría el planteo.
El abogado también cuestionó los tiempos procesales y aseguró que, en una instancia anterior, un recurso del Ministerio Público Fiscal habría recibido un tratamiento especialmente rápido.
“Espero que recibamos el mismo trato. No creo que nos den el mismo trato que al Ministerio Público Fiscal”, señaló.
Además, afirmó que la resolución fue notificada fuera de los plazos que considera correspondientes y expresó su expectativa de que la Cámara de Apelaciones fije una audiencia para revisar la medida.
Durante la conversación, también cuestionó que se hayan incorporado fundamentos vinculados con cuestiones que, según su relato, no fueron abordadas durante la audiencia.
El letrado mencionó específicamente operaciones realizadas en Tucumán que, de acuerdo con su versión, no involucrarían directamente a su defendido.
Por ese motivo, insistió en que la decisión judicial debe ser revisada.
Una fuerte crítica al funcionamiento del sistema judicial
Hacia el final de la entrevista, Torres amplió sus cuestionamientos y planteó la necesidad de que la sociedad conozca con mayor profundidad el desarrollo de los procesos judiciales.
“Hoy a la Justicia la vamos a tener que viralizar”, expresó, al sugerir que las audiencias deberían tener mayor visibilidad pública para que los ciudadanos puedan conocer los argumentos de las partes.
El abogado consideró que la difusión de una resolución de prisión preventiva, sin explicar sus fundamentos, puede generar interpretaciones equivocadas sobre la responsabilidad de las personas investigadas.
En este contexto, reiteró que buscará revertir la medida a través de los mecanismos legales disponibles.
La causa Fürth Automotores continuará ahora con una nueva instancia de discusión judicial, en caso de que se formalice y tramite la apelación anunciada por la defensa.
Mientras tanto, las personas imputadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia y las responsabilidades penales deberán determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.
