El entramado judicial que rodea al controvertido empresario Ramiro Petros sumó en las últimas horas un capítulo de extrema gravedad institucional y ribetes cinematográficos. El imputado, quien actualmente se encuentra cumpliendo una medida de prisión preventiva por el término de tres meses bajo la modalidad domiciliaria, radicó una severa denuncia penal en contra de su exapoderado legal, Rolando Castellanos, atribuyéndole la presunta producción y comercialización a gran escala de sustancias estupefacientes.
Debido a su condición de encierro preventivo en un complejo departamental de la zona céntrica de la ciudad Capital, Petros formalizó la presentación judicial utilizando la plataforma digital oficial del Ministerio Público Fiscal. Según el escrito remitido a las autoridades de turno, el acusado mantendría un sistema clandestino de cultivo de marihuana y posterior distribución de la cosecha a terceras personas en el mercado ilegal.
Una acusación cruzada por el destino de las estafas
La presentación efectuada por el detenido no solo sacude el tablero por la naturaleza del delito federal denunciado, sino que además deja en evidencia una fuerte interna entre el imputado y su antiguo representante de confianza. Petros argumentó ante la Justicia que este presunto ilícito ya había sido expuesto verbalmente ante un agente fiscal durante una declaración indagatoria celebrada el pasado 8 de marzo del corriente año, oportunidad en la que, según sus dichos, no se le dio el curso de investigación correspondiente.
De acuerdo con el descargo del denunciante, la revelación sobre el invernadero de estupefacientes surgió en medio de un tenso interrogatorio judicial:
El destino de los fondos: Al ser consultado formalmente por las autoridades sobre el paradero del dinero obtenido a través de las presuntas maniobras de estafa por las que está procesado, Petros habría respondido de forma tajante que los activos se encontraban en poder de Castellanos.
Material probatorio: En esa misma línea de acusación, el reo aseguró haber obtenido de forma particular registros fotográficos y material audiovisual que constatarían la existencia de la plantación de cannabis sativa, elementos que buscará aportar al legajo.
El frente judicial del imputado
Cabe recordar que Ramiro Petros permanece privado de su libertad ambulatoria bajo cargos de estafa, amenazas y portación de arma de fuego de uso civil condicional, todo en concurso real de delitos. Tras el otorgamiento del beneficio del arresto domiciliario por cuestiones procesales, el acusado permanece bajo estricta vigilancia en el radio céntrico mientras la fiscalía avanza en la recolección de evidencias de la causa madre. Ahora, esta nueva denuncia por narcotráfico obligará a la intervención de los fueros competentes para determinar la veracidad de las acusaciones vertidas contra el letrado.
