El Gobierno nacional oficializó una marcha atrás parcial sobre las restricciones financieras impuestas a las organizaciones gremiales al flexibilizar el régimen de aportes y contribuciones derivados de los convenios colectivos de trabajo. A través del Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la administración central corrigió la reglamentación previa de la Ley de Modernización Laboral. La nueva normativa amplía la base de cálculo para determinadas cargas convencionales y dictamina que los pagos complementarios efectuados por las empresas a los sindicatos queden exceptuados del límite general que amenazaba con licuar los recursos de las estructuras obreras.
Modificación del Decreto 407 y alivio para la CGT
La medida representa una enmienda directa al Decreto 407 firmado a fines de mayo de este año, cuyo criterio global de topes había encendido las alarmas en el seno de la Confederación General del Trabajo (CGT). Aquella reglamentación original estipulaba que la totalidad de los aportes, retenciones y fondos paritarios debían ser computados de forma conjunta para verificar que no sobrepasaran el techo fijado por la ley de reforma laboral. Ante el riesgo inminente de una reducción drástica en sus ingresos corrientes, la cúpula sindical inició gestiones que derivaron en la actual resolución, la cual separa del límite general a las contribuciones abonadas por los empleadores.
Autonomía de fondos y administración separada
A partir de la vigencia del nuevo texto legal, los fondos patronales destinados a fines sociales y asistenciales volverán a regirse bajo la tutela de la Ley de Asociaciones Sindicales. De este modo, las cámaras empresarias y los gremios podrán continuar pactando contribuciones orientadas al sostenimiento de obras sociales, esquemas previsionales, de capacitación o de recreación cultural en beneficio directo de los trabajadores. Como contrapartida y reaseguro de transparencia, el decreto presidencial condiciona formalmente el destino del dinero, exigiendo que estos recursos sean administrados y documentados contablemente de forma separada del patrimonio estructural del sindicato. Desde el entorno de la CGT confirmaron que la normativa corrige favorablemente el escenario adverso y resguarda una fuente clave de financiamiento paritario.
