Una verdadera transformación en la doctrina de la responsabilidad civil y penal busca abrirse paso en Norteamérica. A través de una avanzada parlamentaria, se presentó en México un proyecto de ley que pretende obligar a los automovilistas que provoquen siniestros viales fatales bajo los efectos del alcohol a financiar una pensión económica obligatoria destinada a los hijos y familiares directos de los fallecidos.
La normativa penal y civil, impulsada formalmente por el bloque del Partido Verde Ecologista de México, surge como respuesta a las alarmantes estadísticas de siniestralidad vial que ubican a la conducción bajo el influjo del alcohol como una de las mayores causales de decesos en el territorio mexicano. Sus autores argumentaron que los castigos carcelarios vigentes resultan insuficientes para subsanar el desamparo financiero en el que quedan los núcleos familiares tras las pérdidas.
Cobertura de estudios y asistencia psicológica obligatoria
El texto de la reforma detalla un exhaustivo mecanismo de reparación económica integral que los magistrados podrán aplicar de manera directa a los responsables de los homicidios viales, extendiendo las obligaciones de la siguiente manera:
Hasta la universidad: Los condenados deberán costear la manutención, vestimenta, salud y educación de los niños y adolescentes huérfanos hasta que concluyan su formación profesional.
Acompañamiento de salud: El dictamen prevé que el culpable solvente los tratamientos de asistencia médica y psicológica especializada para el entorno familiar afectado.
Desde la bancada promotora ratificaron que la meta medular de la legislación consiste en resguardar el futuro de las víctimas indirectas ante hechos delictivos que son ciento por ciento evitables. La propuesta iniciará ahora su recorrido de debates en las comisiones legislativas del país azteca, despertando un fuerte interés internacional por su aplicabilidad y el fuerte precedente que sentaría en materia de seguridad vial comunitaria.
