El Comité Judicial del Consejo Privado, tribunal con sede en Londres que actúa como máxima instancia de apelación para diversas naciones de la Mancomunidad de Naciones, emitió un fallo calificado como histórico al anular definitivamente la ley que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en la república caribeña de Trinidad y Tobago.
La sentencia confirmó la invalidez de un articulado legal heredado del Imperio Británico que castigaba la denominada "sodomía" y los "actos de indecencia grave" con penas de hasta cinco y dos años de prisión, respectivamente.
El magistrado Philip Sales, al dar a conocer la resolución del alto tribunal, remarcó que "esas leyes no pueden considerarse razonablemente justificables en una sociedad que respeta debidamente los derechos y las libertades de las personas", remarcando que el derecho a la vida privada y la libre orientación sexual constituyen pilares esenciales de la identidad humana.
Una lucha impulsada por el activismo
El proceso judicial fue promovido por Jason Jones, activista por los derechos LGBTQ+ oriundo de Trinidad y radicado en el Reino Unido. Tras obtener un primer fallo favorable en el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago en 2018 y sufrir un revés en la Cámara de Apelaciones local en 2025, Jones llevó el reclamo a la última instancia británica.
"Esto se trata de los derechos del ciudadano, de todos los ciudadanos, y de la autonomía corporal. Sentías que vivías en una jaula para pájaros, y estoy realmente orgulloso de haber podido darnos una sensación de libertad", manifestó Jones tras conocerse el veredicto en la jornada del martes.
Asimismo, organizaciones como Human Dignity Trust y la entidad feminista local CAISO celebraron la resolución como una victoria trascendental que reafirma los valores constitucionales frente a normas obsoletas de raigambre imperialista.
El debate sobre el legado colonial
La causa puso sobre la mesa el impacto del derecho colonial en las jóvenes repúblicas caribeñas. La normativa original se remontaba a estatutos del siglo XVI promulgados en Inglaterra e introducidos en las islas en 1925, los cuales permanecieron vigentes tras la independencia debido a cláusulas de intangibilidad jurídica. En 1986, una reforma local endureció las sanciones, lo que paradójicamente abrió la vía legal para que Jones pudiera impugnar la norma al no tratarse estrictamente del texto colonial original.
Diversos juristas de la región calificaron como una "ironía histórica" que se haya tenido que acudir a los tribunales de la antigua potencia colonizadora para derogar una ley impuesta por esa misma corona siglos atrás.
El precedente dictado en Londres por el Consejo Privado podría abrir la puerta a planteos similares en otros países caribeños que conservan normativas restrictivas, tales como Jamaica, Guyana, Grenada y San Vicente y las Granadinas.
