Los tribunales de la provincia de Chubut dictaron una resolución judicial sin precedentes en el ámbito del derecho de familia y la bioética a nivel regional. Un fallo autorizado por la jueza interviniente respaldó el pedido de una mujer para continuar con su tratamiento de reproducción humana asistida utilizando los embriones que habían sido criopreservados en el año 2019 junto a su esposo, quien falleció trágicamente en 2022. La sentencia pone fin al conflicto legal originado por la negativa de la clínica médica, que se oponía a realizar el procedimiento argumentando la falta de un consentimiento actualizado por parte del cónyuge fallecido.
El vacío legal y el impacto de la crisis sanitaria
La historia de la pareja se remonta a su proyecto de conformar una familia. Tras el fracaso de diversas metodologías médicas de baja complejidad, recurrieron a la donación de material genético, logrando generar un total de cuatro embriones que fueron congelados antes del inicio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las restricciones sanitarias derivadas de la crisis demoraron los plazos para la transferencia y, posteriormente, el esposo falleció a causa de una grave enfermedad, dejando el procedimiento en suspenso.
Al reactivar el trámite en el centro de salud donde se encontraban alojados los embriones, la institución rechazó la solicitud amparándose en el articulado del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual estipula que el consentimiento previo, informado y libre debe ser renovado de manera obligatoria antes de cada transferencia embrionaria. Ante este impedimento corporativo, la viuda recurrió a la vía judicial para acreditar la voluntad procreacional manifiesta que su pareja firmó en vida.
Derechos fundamentales y autonomía de la maternidad
Para destrabar el conflicto, la magistrada determinó que la ausencia de una legislación específica en materia de fertilización asistida post mortem en el ordenamiento nacional no puede traducirse en una restricción o barrera que vulnere los derechos humanos esenciales de la peticionante. En sus fundamentos, evaluó que la medida se inserta de forma legítima dentro de un proyecto de maternidad monoparental y hace a la autonomía reproductiva de la mujer.
El juzgado basó su veredicto en un exhaustivo informe interdisciplinario que constató que la demandante cuenta con condiciones habitacionales óptimas, estabilidad económica y una sólida red de apoyo familiar para llevar adelante la crianza, ordenando consecuentemente la transferencia inmediata de las muestras biológicas para dar inicio al embarazo.
