Una grave investigación judicial conmociona al norte de Córdoba. Una causa por grooming y abuso sexual de menores ya derivó en la detención de nueve hombres y reveló una situación de extrema vulnerabilidad que ahora también puso bajo la lupa las circunstancias en las que las víctimas accedieron a métodos anticonceptivos.
La investigación se desarrolla en Villa de María del Río Seco y está encabezada por la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede. Entre los nueve detenidos se encuentra un asesor legislativo.
La causa comenzó hace aproximadamente 20 días a partir de la desaparición de una adolescente de 13 años. Con el avance de las actuaciones, los investigadores determinaron que los hechos denunciados se habrían producido desde, al menos, cinco meses atrás.
Algunos de los sospechosos están acusados de grooming, mientras que sobre otros también pesan acusaciones por abuso sexual con acceso carnal.
Una situación de extrema vulnerabilidad
Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es el contexto en el que se encontraban las adolescentes.
Según explicó la fiscal Cepede, las víctimas no habrían recibido dinero, sino alimentos básicos como gaseosas y sándwiches.
“La retribución era paupérrima. Hablamos de una vulnerabilidad extremadamente alta”, manifestó la fiscal en declaraciones a Cadena 3.
“Acá no hay una retribución patrimonial que haya mejorado su vida. Esto es hambre”, agregó al describir la situación socioeconómica que rodeaba a las adolescentes.
El dato que abrió otra línea de investigación
Durante las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas a las víctimas en el Polo de la Mujer, surgió otro elemento que llamó la atención de la Justicia.
De acuerdo con la fiscal, las tres adolescentes, que actualmente tienen entre 13 y 14 años, tenían colocado un implante anticonceptivo subdérmico desde hacía aproximadamente dos años.
El dato significa que los procedimientos se habrían realizado cuando tenían alrededor de 11 años.
“Las mismas refirieron justamente esto, de que tenían instalado este chip sexual y las tres lo mencionaron como que estaba instalado hace al menos dos años a la fecha”, señaló Cepede.
A partir de esta información, la Justicia busca establecer en qué circunstancias fueron colocados los implantes, quiénes intervinieron y qué controles se realizaron.
La fiscal aclaró que la investigación no cuestiona el acceso a métodos anticonceptivos, sino que pretende determinar las circunstancias particulares en las que se realizaron estos procedimientos.
“Eso también es materia de investigación. Nos genera preocupación porque una menor de esa edad debería contar con un adulto responsable y entender qué procedimiento se le está realizando”, sostuvo.
La investigación podría sumar nuevos detenidos
Hasta el momento son nueve los hombres detenidos, aunque la fiscal no descartó que puedan producirse nuevas medidas a medida que avance la investigación.
Ahora, además de determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados, la Justicia profundizará la pesquisa relacionada con los implantes anticonceptivos y las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.
“Es un pueblo chico, todo el mundo se conoce”, remarcó Cepede al referirse al contexto en el que se habrían desarrollado los hechos.
