La Justicia federal argentina busca determinar si se utilizaron fondos públicos para facilitar el traslado de Flávio Bolsonaro desde Brasil hacia Estados Unidos a través del territorio nacional. La fiscal Paloma Ochoa presentó un requerimiento para impulsar formalmente una investigación penal sobre la posible participación de recursos estatales en el desplazamiento del dirigente brasileño.
La presentación fue realizada ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien ya intervenía en las actuaciones preliminares relacionadas con el ingreso y la posterior salida de Bolsonaro de la Argentina.
El pedido representa un avance procesal dentro del expediente, aunque hasta el momento no se imputó formalmente a ningún funcionario del Gobierno nacional.
La investigación apunta a establecer si existió algún tipo de asistencia financiada con recursos del Estado argentino y, en caso de comprobarse, determinar las eventuales responsabilidades.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien solicitó investigar al presidente Javier Milei y a otros integrantes del Poder Ejecutivo por un presunto encubrimiento.
Qué investiga la Justicia sobre el traslado de Flávio Bolsonaro
La fiscal Paloma Ochoa busca reconstruir las circunstancias en las que el dirigente brasileño atravesó territorio argentino antes de continuar su viaje hacia Estados Unidos.
Para ello, la investigación contempla el análisis de documentación migratoria, comunicaciones oficiales y registros de seguridad.
El pasado 29 de octubre, la jueza Capuchetti autorizó una serie de medidas preliminares y dispuso requerimientos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería argentina.
El objetivo fue conocer qué controles se realizaron durante el ingreso y la salida de Bolsonaro, así como determinar si las autoridades nacionales habían recibido alguna comunicación sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre él en Brasil.
La Fiscalía también pretende establecer si existió participación de organismos estatales en la organización o facilitación del traslado.
El requerimiento no implica que se haya comprobado una maniobra irregular, sino que busca reunir elementos para determinar si existen hechos que puedan constituir un delito.
Por otra parte, el caso generó distintas presentaciones judiciales.
Además de la denuncia de Solano, el diputado nacional Esteban Paulón impulsó una investigación sobre posibles responsabilidades de funcionarios argentinos. Esa presentación fue asignada inicialmente al juzgado federal de Daniel Rafecas.
En paralelo, la diputada Marcela Pagano realizó otra denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú, en Misiones.
En ese expediente, el fiscal federal Fabián Martínez solicitó informes relacionados con los controles fronterizos, los registros de pasajeros y el vuelo privado utilizado por el dirigente brasileño.
También pidió preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
Posteriormente, la investigación iniciada en Misiones fue desestimada al considerarse que no se había configurado un delito durante el tránsito del dirigente.
Sin embargo, esa resolución no significó el cierre del expediente que continúa tramitándose en los tribunales federales de Comodoro Py.
Cómo fue el paso de Bolsonaro por Argentina y qué respondió el Gobierno
De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el 27 de octubre, alrededor de las 22.50, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza.
El grupo familiar atravesó por tierra el puente internacional Tancredo Neves, que conecta la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, en Misiones.
Según los datos atribuidos a Migraciones, los cuatro presentaron documentación válida y no registraban impedimentos legales para ingresar al país.
Posteriormente, alrededor de las 23.30, abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly.
La aeronave partió durante la madrugada siguiente con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar su recorrido hacia Miami, Estados Unidos.
La salida del dirigente brasileño se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, dispusiera la entrega de sus pasaportes y una prohibición de abandonar el país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Frente a los cuestionamientos, el Gobierno argentino negó haber colaborado irregularmente con el traslado.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento migratorio y sostuvo que Bolsonaro había ingresado con la documentación correspondiente.
También señaló que no existían alertas de Interpol que obligaran a las autoridades argentinas a impedir su tránsito por el territorio nacional.
Ahora, la investigación impulsada por la fiscal Ochoa buscará determinar si, más allá de los controles migratorios, existió algún tipo de utilización indebida de recursos públicos.
La principal diferencia de esta nueva etapa judicial es que la Fiscalía pretende establecer si hubo financiamiento o asistencia estatal, sin que hasta el momento se haya determinado responsabilidad penal alguna.
