La medida se formalizó mediante la publicación de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio en el Boletín Oficial. Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que el grueso de este paquete normativo había quedado sin objeto real ni aplicabilidad práctica debido a que los programas ya no se encontraban operativos o no habían sido prorrogados en este año 2026. Los considerandos oficiales señalan que la acumulación de regulaciones a lo largo de las últimas décadas terminó por consolidar una marcada superposición y dispersión legal, generando un escenario de incertidumbre jurídica que obstaculiza el libre desenvolvimiento del sector privado.
Dentro de las especificaciones del texto oficial, sobresale la eliminación definitiva de 30 normativas complementarias asociadas a los extintos programas de financiamiento Ahora 12 y Cuota Simple, además de una regulación accesoria vinculada al histórico programa Precios Cuidados instaurado originalmente en el año 2014. El Palacio de Hacienda justificó la supresión alegando que estas herramientas financieras intervenían de forma indirecta distorsionando las señales de precio del mercado de crédito y alterando la asignación eficiente de capital, cuya regularización quedó delegada de ahora en más a los acuerdos comerciales de la banca privada y las emisoras de tarjetas.
Asimismo, la resolución firmada por las autoridades nacionales arrastró consigo otras 22 normativas ligadas al funcionamiento del disuelto Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) y anuló la obligación que pesaba sobre las instituciones de enseñanza privada de notificar anticipadamente sus aranceles. En una economía provincial donde el consumo interno actúa como un dinamizador clave para el empleo comercial, la desaparición total de estas redes de contención estatales plantea un panorama desafiante para las familias que buscan financiar compras de bienes durables en los principales centros comerciales santiagueños.
