El diputado nacional Jorge Mukdise dialogó con ADN de Radio, por Radio LV11, y analizó el debate que atraviesa el Congreso en torno a la emergencia en discapacidad. El legislador santiagueño expresó preocupación por la situación de las personas que requieren prestaciones y de los profesionales e instituciones que las brindan, y también cuestionó modificaciones contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo.
Mukdise mantuvo la comunicación mientras se encontraba en la ExpoBRA, que se desarrolla en el Vivero San Carlos, y repasó parte de la actividad legislativa de los últimos días.
Uno de los principales temas fue el tratamiento de la emergencia en discapacidad y los reclamos que representantes del sector llevaron al Congreso.
Según relató el diputado, durante una reunión de comisión escucharon durante aproximadamente cuatro horas las exposiciones de familiares, personas con discapacidad y prestadores.
“Después de cuatro horas de escuchar a padres, personas con discapacidad y prestadores, la verdad es que algunos se están fundiendo y el estado es desesperante”, manifestó.
“Ahora tenemos personas que son sujetos de derecho”
Mukdise sostuvo que la discusión no debería quedar reducida exclusivamente a nomencladores, valores o cuestiones administrativas.
“No hablamos de discapacidad, no hablamos de prestadores, no hablamos de nomencladores. Ahora tenemos personas, personas que son sujetos de derecho”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que el acceso a prestaciones vinculadas con la salud, educación y calidad de vida representa, desde su perspectiva, una obligación que el Estado debe garantizar.
El legislador también cuestionó aspectos del proyecto de Presupuesto 2027 vinculados con el sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
Mukdise hizo referencia particularmente a la propuesta de modificar el esquema actualmente establecido por la Ley 24.901, que, de acuerdo con el proyecto mencionado durante la entrevista, dejaría de establecer valores arancelarios universales a través del nomenclador nacional.
El diputado manifestó su desacuerdo con ese esquema y consideró que podría generar dificultades adicionales para beneficiarios y prestadores.
La situación de los prestadores
Durante la entrevista, Mukdise aseguró que uno de los principales problemas que escuchó en el Congreso está relacionado con los valores y los plazos de pago que afrontan los prestadores.
“Cuando vos escuchás la realidad de los prestadores, te das cuenta de que no se está cumpliendo”, sostuvo.
También relató que algunos profesionales e integrantes de instituciones viajaron largas distancias para participar de las reuniones parlamentarias y exponer durante pocos minutos la situación que atraviesan.
El diputado evitó precisar una cifra sobre la cantidad de prestadores que habrían dejado de trabajar porque, según reconoció durante la entrevista, no recordaba con exactitud el dato.
Sí planteó que el deterioro del sistema privado y de las obras sociales puede terminar trasladando una mayor demanda hacia el sistema público.
“No pueden caer en un déficit sanitario o social”
Mukdise utilizó una comparación económica para explicar su postura sobre la responsabilidad estatal.
“No quieren caer en default con los acreedores, tampoco pueden caer en un default social”, expresó.
Y agregó: “No quieren tener déficit fiscal, tampoco tienen que tener un déficit sanitario o social, porque hay gente que espera y verdaderamente le cambia la vida acceder a una prestación o no”.
El diputado insistió en que, a su entender, las personas deben ocupar el centro de la discusión legislativa, por encima de las diferencias partidarias.
Qué dijo sobre una eventual falta de continuidad de la emergencia
Consultado sobre qué podría ocurrir si el régimen de emergencia llegara a su vencimiento sin una solución legislativa, Mukdise advirtió sobre posibles consecuencias para quienes necesitan tratamientos continuos.
El diputado señaló que una interrupción puede resultar especialmente problemática en tratamientos que requieren continuidad y sostuvo que también podrían multiplicarse los reclamos judiciales contra el Estado y las obras sociales.
“Detrás de ese derecho hay una obligación del Estado de cumplirla”, afirmó.
Para Mukdise, el Congreso debería abandonar una lógica de confrontación y concentrarse en encontrar una respuesta al problema.
“Pongamos a la persona en el centro de la discusión y veamos qué es lo que se puede hacer de la mejor manera posible, y cumplamos verdaderamente con esa obligación”, concluyó durante su diálogo con ADN de Radio por LV11.
