Tres recientes fallos judiciales sobre la movilidad jubilatoria abrieron nuevas posibilidades de reclamo para quienes percibieron aumentos bajo la fórmula aplicada entre 2021 y 2024. Así lo explicó la abogada previsionalista Gimena Storniolo durante su columna habitual de los jueves en Radio LV11, donde advirtió que algunas sentencias calcularon pérdidas del poder adquisitivo de hasta el 43,83%. Sin embargo, aclaró que no se trata de un aumento automático ni de un reajuste generalizado: cada jubilado deberá analizar su situación y, si corresponde, iniciar un reclamo ante ANSES y posteriormente en la Justicia Federal.
Durante su participación en el programa A Primera Hora, la especialista abordó tres resoluciones judiciales dictadas los días 5, 13 y 17 de noviembre, relacionadas con la constitucionalidad de la Ley 27.609, que estableció la fórmula de movilidad previsional vigente durante buena parte del período mencionado.
Según explicó, los pronunciamientos cuestionaron el mecanismo utilizado para actualizar los haberes, al considerar que no permitió acompañar adecuadamente el incremento del costo de vida.
“Son tres fallos fundamentales que hablan sobre la inconstitucionalidad de la norma de movilidad y de cómo se dieron los aumentos a los jubilados entre 2021 y 2024”, sostuvo.
Storniolo destacó que las decisiones provienen de tribunales de segunda instancia y podrían convertirse en antecedentes importantes para otros reclamos previsionales en distintas jurisdicciones del país, incluida Santiago del Estero.
Fallos que calculan pérdidas de hasta el 43,83%
La abogada explicó que la controversia se concentra en la fórmula de movilidad aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández.
Ese sistema contemplaba variables vinculadas con la evolución de los salarios y la recaudación previsional, pero no incorporaba directamente la inflación como componente del cálculo.
En un contexto de aceleración de los precios, sostuvo Storniolo, esa metodología provocó un deterioro del poder adquisitivo de numerosos jubilados.
La profesional identificó dos resoluciones especialmente relevantes: una del 13 de noviembre, a la que se refirió como el caso Galeta, y otra del 17, mencionada como Pena.
“En uno de los fallos dicen que la pérdida ha sido del 43,83%. Es mucho lo que ha perdido el jubilado, casi el 50% del poder adquisitivo”, señaló.
Según su análisis, otra de las sentencias calculó una pérdida cercana al 23%, mientras que una tercera permitiría estimar una diferencia aproximada del 16%.
No obstante, aclaró que esos porcentajes no representan necesariamente el incremento que recibirá cada beneficiario.
“No es que vos tenés una diferencia del 43% y vas a cobrar un 43% más. Cuando hacés el cálculo, las diferencias son inferiores”, precisó.
También explicó que uno de los aspectos relevantes del fallo que identificó como Galeta es que contempla una revisión más amplia del período 2021-2024, mientras que otros pronunciamientos se concentran en lapsos más reducidos.
Qué jubilados podrían reclamar un reajuste ante ANSES
Uno de los puntos que mayor interés despertó entre los oyentes fue determinar quiénes podrían beneficiarse con estos antecedentes judiciales.
Storniolo explicó que las posibilidades de reclamo deben analizarse especialmente entre quienes ya estaban jubilados al comenzar 2021 y percibieron aumentos durante la vigencia de la fórmula cuestionada.
Dentro de ese grupo, señaló que podrían existir diferencias más significativas entre los beneficiarios que cobraban haberes superiores al mínimo.
La especialista explicó que, durante distintos períodos, quienes percibían la jubilación mínima recibieron bonos extraordinarios destinados a reforzar sus ingresos.
Esas sumas, según los criterios judiciales que describió, pueden ser consideradas al momento de calcular las eventuales diferencias.
“El que cobra una jubilación mínima hay que ver su situación, analizar el caso y determinar si realmente se le va a generar alguna diferencia para reclamarla”, indicó.
Por ese motivo, insistió en que no todos los jubilados se encuentran en las mismas condiciones ni obtendrían idénticos resultados.
También señaló que los fallos analizados no están dirigidos, en principio, a quienes comenzaron a jubilarse después del período cuestionado.
El reajuste no es automático: cómo iniciar el reclamo
La abogada fue enfática al aclarar que las sentencias no implican que ANSES deba modificar de manera inmediata los haberes de todos los jubilados.
“No es automático. Hay que reclamar”, remarcó.
Según explicó, el procedimiento comienza con una presentación administrativa ante el organismo previsional.
Posteriormente, si corresponde avanzar con la acción, el interesado debe iniciar un juicio de reajuste de haberes ante la Justicia Federal, con asistencia de un abogado.
Storniolo señaló que estos procesos pueden demandar alrededor de un año o más, dependiendo de las circunstancias de cada expediente.
Sin embargo, advirtió que todavía existen cuestiones judiciales pendientes.
Entre ellas, destacó la posibilidad de que ANSES recurra las sentencias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo pronunciamiento podría resultar determinante para establecer un criterio sobre la fórmula de movilidad.
“Estamos a la espera de lo que diga la Corte Suprema de Justicia”, expresó.
La profesional también llamó la atención sobre los eventuales pagos retroactivos y los límites de prescripción que pueden afectar los períodos reclamados.
Explicó que, en materia previsional, la posibilidad de recuperar diferencias correspondientes a años anteriores requiere un análisis particular, especialmente cuando los períodos cuestionados se remontan a 2021.
Por ello, recomendó que los interesados consulten cuanto antes para determinar si existe una diferencia económica que justifique iniciar el procedimiento.
Pensiones por convivencia, compra de aportes y jubilaciones especiales
La columna también incluyó consultas de oyentes sobre distintas situaciones previsionales.
Una de ellas estuvo relacionada con el acceso a una pensión derivada cuando fallece una persona jubilada que convivía con su pareja sin estar casada.
Storniolo explicó que, en términos generales, se requiere acreditar cinco años de convivencia anteriores al fallecimiento, plazo que puede reducirse a dos años cuando existen hijos en común.
Para ello, mencionó documentación como facturas de servicios, impuestos y otros comprobantes que permitan demostrar un domicilio compartido.
Otra consulta correspondió a una mujer de 55 años que nunca había realizado aportes y quería conocer sus posibilidades de acceder a una jubilación.
La abogada explicó que existen mecanismos de regularización previsional para determinadas personas en actividad, aunque advirtió que deben evaluarse los requisitos vigentes, los períodos que pueden incorporarse y el costo del plan.
También respondió a un trabajador de 58 años con 25 años de aportes, a quien recomendó verificar si pertenece a un régimen diferencial, como los aplicables a determinadas actividades laborales.
En caso de estar comprendido en el régimen general, recordó que la edad jubilatoria ordinaria para los hombres es de 65 años.
Finalmente, abordó una consulta sobre un trabajador del transporte cuya notificación previsional mencionaba un retiro por invalidez, pese a que entendía haberse jubilado mediante un régimen especial.
En ese caso, aconsejó solicitar y revisar el expediente administrativo para determinar qué beneficio fue otorgado y si corresponde realizar alguna presentación.
La especialista explicó que el retiro transitorio por invalidez contempla, entre otros requisitos, una incapacidad laboral del 66% o más, cuya evaluación corresponde a los organismos médicos competentes.
Al finalizar, Storniolo reiteró que los nuevos fallos sobre movilidad previsional representan antecedentes relevantes, pero que su aplicación dependerá de la evolución judicial y de las circunstancias de cada jubilado.
“Lo bueno es que cada persona que esté dentro de este grupo empiece a consultar, vea si genera diferencias y si se justifica realizar un juicio”, concluyó.






