La Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada María Florencia De Senci, inició el tratamiento de diversos proyectos que buscan otorgar rango de ley al programa Alerta Sofía y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). La iniciativa cuenta con respaldo de la bancada oficialista y bloques de la oposición para consolidar el marco normativo de los protocolos de búsqueda.
El análisis en la comisión sobre la unificación de los registros nacionales
Durante la jornada de debate en el Congreso de la Nación, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de dotar de herramientas operativas al Ministerio de Seguridad de la Nación. Los proyectos en discusión contemplan modificaciones a la sanción aprobada previamente en la Cámara de Senadores, impulsada por Juan Carlos Romero, orientadas a perfeccionar la trazabilidad de la información y obligar a todas las jurisdicciones provinciales a cargar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
En representación del área técnica, la coordinadora del SIFEBU, Paula Sánchez Ayala, precisó que el sistema registra actualmente 123.013 casos de personas extraviadas, con un promedio anual de 13.300 expedientes, por lo que remarcó la importancia de contar con un registro único y centralizado a nivel federal.
El alcance del protocolo de alerta rápida ante la desaparición de menores
El programa Alerta Sofía, creado en 2019 por resolución del Ministerio de Seguridad, establece un mecanismo de difusión masiva e inmediata ante la desaparición de niños o adolescentes en situaciones de extrema gravedad. El protocolo contempla el envío de avisos urgentes a través de telefonía celular, redes sociales, medios de comunicación y fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional.
Con la aprobación de la norma en la Cámara de Diputados, el Estado nacional busca institucionalizar por ley los plazos de activación del protocolo dentro de las primeras seis horas posteriores a la radicación de la denuncia, garantizando la coordinación entre las autoridades judiciales y las fuerzas policiales.
