Por Ariel Sequeira
Los docentes universitarios van al paro el próximo 18 de agosto hasta el 22 del mismo mes. La medida fue dispuesta por el congreso extraordinario de la Conadu Histórica. Con esta medida se profundizaría el plan de lucha que había entrado en stand by hace poco más de un mes, por una serie de promesas del gobierno nacional que lamentablemente no llegaron a concretarse en su totalidad. Desde el vamos la intención del Ejecutivo habría sido despejar las calles de las protestas de la comunidad universitaria -léase Marcha Federal-, dado que habría contribuido a poner en desmedro la imagen pública de Milei, con incidencia directa en las consultas sobre intención de votos para las elecciones del año venidero, es decir poniendo en tela de juicio una posible reelección.
Es importante señalar que Conadu Histórica, es la Federación de Docentes de las Universidades, sindicato de tercer grado que nuclea a las asociaciones de docentes e investigadores del sector. Se originó a partir de divisiones internas y diferencias políticas e ideológicas dentro de la Conadu original, constituyéndose de manera independiente para mantener una línea de acción gremial combativa y federal.
Las asociaciones de base de todo el país ratificaron la continuidad del plan de lucha en reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, el pago de la deuda salarial y la recuperación de los salarios.
La medida de fuerza se anuncia en el marco de un fallo judicial favorable a sus reclamos. La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la plena vigencia de la medida cautelar que obliga al gobierno nacional a cumplir con la norma y transferir los fondos destinados a salarios, presupuesto y becas. Con esta decisión judicial, el expediente regresaría a primera instancia para que se ejecute plenamente la medida cautelar. Además, la Justicia dejó también firme la obligación del Poder Ejecutivo de actualizar salarios, garantizar el presupuesto universitario y sostener las becas, tal como establece la norma.
La confirmación de dicha medida cautelar representaría un importante logro de la organización gremial, dando mayor fuerza a las futuras convocatorias y movilizaciones de la comunidad universitaria. Lamentablemente la Nación continúa incumpliendo la ley sancionada por el Congreso, manteniendo una deuda salarial que habría alcanzado el 28,5 por ciento al mes de julio.
Aunque las organizaciones de base en sus respectivas casas de altos estudios, recibieron de manera auspiciosa la apertura al diálogo y negociación del gobierno mileísta, “miraron para el costado” cuando recibieron nuevas promesas y compromisos a cambio de desactivar las movilizaciones callejeras. Desde el vamos era más que evidente que, el gobierno de Milei, lo único que buscaba era desactivar las marchas que tanto daño le infligían a la imagen pública del presidente de la Nación. Como ningún otro sector, la comunidad educativa del ámbito superior aglutinó adhesiones y apoyos de toda la comunidad, como gremios, ONG, entidades culturales y público en general. Esa unanimidad expresada en miles de personas en todo el país, habría impactado con tanta contundencia en la línea de flotación del gobierno, que la estrategia consecuente fue “prometer” lo que jamás cumpliría Milei. Así todo parece volver a foja cero. Las marchas podrían volver a ganar las calles, quizás…
Conadu Histórica dejó bien en claro la necesidad de construir una nueva Marcha Federal Universitaria, para fortalecer la unidad de los estudiantes, los no docentes, el sistema científico y los docentes. Esta intención quedó expresada en el documento confeccionado tras el plenario donde se expone: “La universidad pública se defiende en las aulas y en las calles”.
Ante el nuevo respaldo de la justicia a la ley de financiamiento universitario, desde la FEDUN y la FATUN, destacaron que la resolución representa el resultado de una larga lucha del sector en defensa de la universidad pública. "La defensa de todos nuestros derechos como trabajadores fue histórica, y las cientos de manifestaciones realizadas están cada vez más próximas a ser traducidas en una conquista histórica para las universidades nacionales de nuestro país", señalaron en un comunicado conjunto.
Con esta decisión judicial, el expediente vuelve a primera instancia para que se ejecute plenamente la cautelar. Además, la Justicia dejó firme la obligación del Poder Ejecutivo de actualizar salarios, garantizar el presupuesto universitario y sostener las becas, tal como establece la ley.
