La defensa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni solicitó a la Justicia una extensión del plazo para responder el requerimiento impulsado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación de los letrados busca postergar el vencimiento fijado para este miércoles 26 de agosto con el objetivo de acceder a documentación reservada incorporada al expediente antes de contestar un pliego de 20 preguntas clave sobre su patrimonio.
La instrucción a cargo de Pollicita analiza los bienes, inversiones, consumos en efectivo e ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, desde el 14 de diciembre de 2023. La fiscalía detectó un desfasaje contable entre los ingresos informados por la pareja ($229,7 millones) y los gastos y operaciones registrados en el mismo período ($272,8 millones), arrojando una inconsistencia inicial cercana a los $43 millones. A ello se suman desembolsos y tenencias por US$402.578,12 cuyo origen lícito aún debe ser acreditado.
Entre las operaciones que la Justicia busca esclarecer destacan las siguientes:
Inmuebles y obras: El origen de los fondos para la adquisición y refacción de un departamento en el barrio porteño de Caballito, además de la compra del lote 380 y la construcción de una vivienda en el country Indio Cuá, donde un contratista declaró haber cobrado US$245.000.
Ahorros y criptomonedas: Las transacciones con Bitcoin que, según el exfuncionario, partieron de un ahorro previo de US$200.000 e generaron rendimientos por US$300.000, así como dólares declarados en efectivo y préstamos familiares.
Consumos e ingresos no conciliados: Compras con tarjetas de terceros, facturación a nombre de su cónyuge por parte de una concesionaria automotriz, comprobantes no precisados ante ARCA y acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco Nación.
Con el pedido de prórroga formalizado, la Justicia penal federal deberá resolver si concede la suspensión de los términos judiciales solicitada por la defensa. Tras la eventual entrega de la documentación y los descargos correspondientes, la fiscalía evaluará si los argumentos justifican las variaciones patrimoniales detectadas o si dispone nuevas medidas de prueba en el expediente, en el cual aún no se ha citado a declaración indagatoria a los investigados.
