ALERTA BULLYNG – No se puede soslayar el grave episodio, ni aún cuando las personas involucradas en un abuso sean menores de edad. El profesional consultado advirtió sobre situaciones de abuso con absoluta ausencia de límites, no siendo ajena la responsabilidad de los adultos.
El psicólogo, Juan Pablo Barquín, analizó en Actualidad Política, las consecuencias de la exposición de niños y adolescentes en las redes sociales, la importancia del consentimiento y la necesidad de intervención de las familias, las escuelas y el Estado.
El caso, que involucra a dos menores en un acto sexual bajo presuntas amenazas de uno hacia el otro, abrió un profundo debate sobre la violencia sexual, la protección de la infancia y la responsabilidad colectiva.
Más allá de las versiones que circulan, el episodio plantea cuestiones fundamentales: ¿qué sucede cuando un niño ejerce poder sobre otro mediante la intimidación? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los padres? ¿Qué papel deben cumplir las instituciones educativas? ¿Y qué consecuencias produce la difusión masiva de imágenes que vulneran la intimidad de menores de edad?
Estos interrogantes fueron abordados durante una entrevista con el licenciado Juan Pablo Barquín, quien aportó una mirada profesional. Explicó que la adolescencia constituye una etapa de profundas transformaciones, durante la cual los jóvenes comienzan a explorar su autonomía, desafiar normas y construir su identidad. Sin embargo, advirtió que ese proceso requiere necesariamente la presencia de adultos capaces de orientar, acompañar y establecer límites.
En ese sentido, para Barquín señaló no corresponde colocar toda la responsabilidad sobre los adolescentes, sin analizar también el contexto familiar, educativo y social en el que se desarrollan. La familia representa el primer espacio de referencia, pero no es el único ámbito responsable de garantizar la protección de niños y adolescentes.
El psicólogo destacó que las escuelas, las instituciones públicas y el Estado también deben asumir un papel activo mediante programas de prevención, espacios de escucha, acompañamiento psicológico y acciones educativas.
Indicó que es insuficiente responsabilizar exclusivamente a los padres cuando ocurren episodios preocupantes, porque existe una responsabilidad compartida que involucra a toda la comunidad.
Cuando la sexualidad se convierte en una situación de sometimiento
Uno de los aspectos más sensibles de la entrevista estuvo vinculado con la posibilidad de que entre menores de edad se produzcan situaciones de abuso, intimidación, amenazas para acometer un delito sexual.
Para Barquín, una conducta sexual impuesta contra la voluntad de otra persona constituye una situación de abuso, independientemente de que quienes intervengan sean niños o adolescentes.
El profesional remarcó la importancia de considerar la edad, la madurez y la capacidad de comprensión de los involucrados, porque no siempre existe la posibilidad de prestar un consentimiento válido.
Asimismo, advirtió que este tipo de experiencias puede provocar consecuencias emocionales y psicológicas significativas, especialmente cuando existen relaciones de poder, intimidación o ausencia de consentimiento.
El especialista aclaró expresamente que no intervino profesionalmente en ningún episodio del Parque Aguirre y que, por lo tanto, sus consideraciones corresponden a un análisis general de la problemática y no a una evaluación de los menores involucrados.
También diferenció el abordaje psicológico de la calificación jurídica de los hechos, cuya determinación corresponde a las autoridades judiciales.
El daño que provoca la viralización: cuando el morbo supera al respeto
Otro de los ejes centrales del diálogo fue la circulación del video a través de las redes sociales.
La exposición pública de una situación que involucra la intimidad sexual de menores introduce una dimensión adicional de vulneración de derechos, particularmente cuando las imágenes son compartidas sin considerar las consecuencias que pueden provocar.
Barquín advirtió sobre una creciente banalización del cuerpo y de la sexualidad, asociada a una cultura digital donde muchas veces predominan la imagen, la búsqueda de repercusión y la exposición permanente.
En ese contexto, el profesional invitó a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes reciben, consumen y redistribuyen contenidos de esta naturaleza.
La difusión de imágenes íntimas de menores no puede ser considerada una simple curiosidad de las redes sociales. Por el contrario, puede profundizar el daño emocional, comprometer su dignidad y prolongar una situación de violencia.
La obligación social no consiste en multiplicar las imágenes, sino en proteger a quienes aparecen en ellas.
Educación Sexual Integral: enseñar respeto, consentimiento y cuidado
Durante la entrevista, Barquín defendió la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) como herramienta preventiva y formativa.
El profesional cuestionó la idea de que la educación sexual deba limitarse exclusivamente a las relaciones sexuales y explicó que sus contenidos abarcan cuestiones mucho más amplias, como el respeto por el propio cuerpo, los límites personales, la convivencia, las emociones y el reconocimiento de los derechos de los demás.
Recordó que estos aprendizajes deben desarrollarse progresivamente, con contenidos adecuados a cada edad y bajo la orientación de profesionales capacitados.
También destacó la necesidad de que los padres puedan conversar con sus hijos sobre sexualidad, vínculos y situaciones que les generan inquietud, sin recurrir al silencio o a la negación.
Para el psicólogo, evitar estos temas no impide que los niños y adolescentes accedan a información, sino que puede dejarlos expuestos a contenidos inadecuados o interpretaciones equivocadas, sin el acompañamiento necesario para comprenderlos.
En ese sentido, remarcó que la educación y el diálogo constituyen herramientas fundamentales para prevenir situaciones de vulneración de derechos.
El papel de la Justicia y la obligación de denunciar
Hacia el cierre de la entrevista, el licenciado Barquín sostuvo que las situaciones en las que pueda existir abuso sexual deben ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes, aun cuando las personas involucradas sean menores de edad.
Explicó que la intervención de la Policía o del Ministerio Público Fiscal permite activar los mecanismos institucionales correspondientes y determinar qué medidas resultan necesarias.
Por ello, frente a una sospecha de coerción o abuso sexual, resulta indispensable dar intervención a los organismos competentes y evitar tanto la exposición pública de los menores como cualquier forma de revictimización.
