La Fiscalía General del Perú inició una investigación penal para desarticular una red de captación que trasladó a cientos de ciudadanos hacia Rusia, donde terminaron incorporados a las filas militares que combaten en la guerra contra Ucrania. El Ministerio Público mantiene abiertos 22 expedientes que abarcan a más de 300 personas, mientras que los registros de la Cancillería elevan a 459 la cifra de peruanos reclutados mediante falsas promesas de empleo.
Victimas fatales, desaparecidos y prisioneros en territorio de conflicto
Los informes elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmaron un saldo de al menos 11 ciudadanos fallecidos, 114 personas desaparecidas y tres combatientes capturados en calidad de prisioneros de guerra por las fuerzas armadas ucranianas. La fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, encabezó reuniones informativas con los familiares de los afectados para exponer el avance de las diligencias.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, la causa de mayor volumen concentra 202 presuntas víctimas bajo la órbita de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, en tanto que los 21 expedientes restantes son tramitados por despachos especializados en la lucha contra la trata de personas en jurisdicciones como Lima, Callao, La Libertad, Huánuco y Cusco.
Detenciones y mecanismos de captación engañosa
Las pesquisas apuntan a determinar la logística utilizada por los reclutadores para engañar a los ciudadanos con contratos de trabajo en el exterior que derivaron en su envío directo a las zonas de combate. En el marco de los operativos policiales, las autoridades de la Policía Nacional del Perú concretaron la detención de un sospechoso imputado por haber contactado a una de las víctimas y facilitar su traslado a territorio ruso.
Las presentaciones judiciales de los familiares comenzaron meses atrás mediante movilizaciones y la confección de un empadronamiento inicial de damnificados. Las autoridades del Poder Judicial continúan con la toma de declaraciones e intercambio de información diplomática para determinar el paradero de los civiles no localizados.
