A pesar de contar con condiciones geográficas y climáticas idóneas para el desarrollo agrícola, Cuba atraviesa una severa crisis alimentaria que la obliga a importar alrededor del 80% de los productos que consume, representando un desembolso anual cercano a los US$2.400 millones, según estimaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA). El problema estructural se profundizó por el vertiginoso desplome de la producción nacional en los últimos años, con caídas drásticas en rubros esenciales como la carne de cerdo (-95%), el arroz (-87%), los frijoles (-70%) y la leche (-58%).
Especialistas e informes oficiales señalan que la dependencia externa de la isla responde a una combinación de factores históricos, fallas en el modelo de gestión estatal y severos condicionantes económicos:
Monocultivo histórico e insumos: Durante décadas la economía giró en torno al azúcar para intercambiarlo por productos básicos. Tras el colapso de la URSS, el sector perdió su principal sostén financiero y la agricultura se quedó sin fertilizantes, maquinarias, repuestos y combustible.
Rigidez del sistema estatal: El monopolio estatal de distribución (Acopio) impone topes de precios desalineados con los costos reales y exige cuotas de producción, lo que desincentiva al sector privado y cooperativo, responsable de la mayor parte de los alimentos en la isla.
Baja inversión y crisis energética: En 2024, el Estado destinó apenas el 2,7% de su inversión pública a la agricultura —frente al 37,4% volcado al turismo—, derivando en un parque de maquinaria obsoleto, un 7% de superficie con riego y parálisis en la cadena de frío por los apagones de combustible.
Sanciones internacionales: El embargo de Estados Unidos limita el acceso a crédito internacional, financiamiento y compra de insumos, dificultando las transacciones comerciales.
Frente a este escenario, sumado a un fuerte proceso de éxodo migratorio que redujo la mano de obra en el campo y la pérdida de envíos de crudo externo, el gobierno cubano impulsó un paquete de reformas para otorgar mayor flexibilidad a los productores y atraer capital. No obstante, analistas económicos sostienen que la reconstrucción del entramado productivo demandará reformas profundas e inversiones de las que el Estado carece actualmente.
