En las instalaciones del Salón de Usos Múltiples de la Jefatura de Policía de Santiago del Estero, se desarrolló este viernes 30 de octubre la décima reunión de la Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil. La jornada, organizada por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, contó con la apertura institucional a cargo del jefe de Policía, comisario general Laureano Silva, la directora general de Niñez, Adolescencia y Familia, Laura Díaz Castaño, y el subjefe de Policía, comisario general Walter Gómez.
El encuentro convocó a representantes de los Juzgados de Control y Garantías de las jurisdicciones Capital y Banda-Robles, del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, así como a equipos técnicos de las direcciones de Atención Médica, Salud Mental y del Interior del Ministerio de Salud, con el objetivo de abordar los abordajes sanitarios en las intervenciones policiales.
Avances en el protocolo de actuación y resguardo de derechos
Durante el plenario se analizó en detalle el borrador del Protocolo de Aprehensión y Detención de Adolescentes Presuntamente Implicados en un Hecho Penal. En esta instancia, las discusiones se concentraron en el artículo 30 de la normativa en elaboración, el cual regula la obligatoriedad y los criterios técnicos para los exámenes médicos y la evaluación del estado psicofísico de los menores durante el procedimiento contravencional o penal.
Asimismo, el documento prevé pautas estrictas respecto al alojamiento transitorio en dependencias policiales, garantizando la separación absoluta de los adolescentes frente a los detenidos adultos y resguardando la confidencialidad de la identidad de los menores, en consonancia con los marcos de protección integral vigentes.
Coordinación interinstitucional
La Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil, creada en octubre de 2025, se consolida como un ámbito permanente de articulación entre los poderes del Estado. Su labor apunta a unificar criterios de actuación, capacitar a los efectivos de la fuerza de seguridad y garantizar que los procedimientos penales que involucran a menores se ajusten a estándares de derecho y contención sanitaria.
