El Tribunal Oral Federal N°5 reanudó este lunes la lectura de las acusaciones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, en el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces. Ambos están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero en una investigación que busca determinar si las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia fueron utilizadas para canalizar fondos de presunto origen ilícito vinculados con la obra pública.
Se trata de la segunda audiencia del proceso, que comenzó el viernes y reúne dos expedientes judiciales que fueron unificados por disposición de la Cámara Federal de Casación Penal.
El debate está a cargo de los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, quienes deberán analizar las pruebas y los argumentos de las partes antes de dictar una sentencia.
La acusación fiscal sostiene que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner habría funcionado una estructura destinada a obtener beneficios económicos indebidos mediante contratos estatales y posteriormente disimular el origen de parte de esos fondos.
Estas imputaciones forman parte de la hipótesis de la Fiscalía y deberán ser examinadas durante el juicio.
Qué se investiga en las causas Hotesur y Los Sauces
El proceso judicial busca establecer si las sociedades vinculadas con la familia Kirchner fueron utilizadas para realizar operaciones destinadas a dar apariencia legal a dinero presuntamente obtenido de manera irregular.
La investigación comprende principalmente las actividades de dos empresas:
Hotesur, vinculada con la actividad hotelera y los establecimientos turísticos de la familia.
Los Sauces S.A., dedicada a operaciones inmobiliarias y al alquiler de propiedades.
Según la acusación, ambas sociedades habrían recibido fondos provenientes de empresarios que mantenían relaciones comerciales con el Estado nacional.
La Fiscalía sostiene que estas operaciones habrían permitido transferir recursos hacia el patrimonio familiar mediante contratos de alquiler, préstamos, adquisiciones de inmuebles y otras transacciones.
El objetivo del juicio será determinar si esas operaciones constituyeron actividades comerciales legítimas o si, como plantea la acusación, fueron utilizadas para ocultar el origen de fondos ilícitos.
La acusación fiscal sobre la obra pública
Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía describió el presunto funcionamiento de una organización que habría operado durante los gobiernos kirchneristas.
De acuerdo con el planteo acusatorio, los hechos investigados “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”.
La Fiscalía sostiene que el objetivo de esa presunta estructura habría sido “sustraer y apropiarse de fondos públicos” mediante la participación de funcionarios y empresarios.
También afirmó que la organización investigada habría canalizado parte de los recursos obtenidos a través de la obra pública vial mediante supuestos pagos de dádivas a los expresidentes y su entorno familiar.
Según la hipótesis presentada, la presunta asociación ilícita habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, con una estructura estable y funciones distribuidas entre sus integrantes.
Estas afirmaciones constituyen acusaciones que deben ser probadas en el debate oral.
El papel de Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa
La investigación también involucra a empresarios que mantuvieron vínculos comerciales con las sociedades de la familia Kirchner.
Entre los acusados aparecen Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes la Fiscalía atribuye participación en el supuesto mecanismo investigado.
De acuerdo con la acusación, las maniobras no se habrían limitado a presuntos beneficios obtenidos mediante contratos estatales.
La Fiscalía sostiene que posteriormente se habría desarrollado un sistema destinado a transferir y disimular parte de esos recursos a través de distintas operaciones comerciales.
Entre los mecanismos mencionados figuran los alquileres de complejos hoteleros, los contratos inmobiliarios, los préstamos y las inversiones en propiedades.
Los investigadores buscan establecer si esas transacciones respondieron a actividades económicas reales o si tuvieron como finalidad encubrir movimientos de dinero de origen ilícito.
Qué le atribuye la Fiscalía a Cristina Kirchner
En el caso de la expresidenta, la acusación sostiene que habría tenido un papel central en la organización del presunto esquema.
Según el requerimiento fiscal, Cristina Kirchner habría “diseñado, ejecutado y dirigido” un mecanismo de reciclaje de fondos de origen ilícito.
La investigación también menciona la conformación de Los Sauces S.A., sociedad vinculada con la administración y adquisición de propiedades de la familia.
Entre los inmuebles señalados aparece el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria por la condena dictada en la causa Vialidad.
La existencia de esa condena corresponde a un proceso judicial diferente y no implica, por sí misma, que los delitos investigados en Hotesur y Los Sauces hayan sido demostrados.
En este nuevo juicio, el tribunal deberá evaluar específicamente las imputaciones vinculadas con las actividades hoteleras e inmobiliarias.
De qué está acusado Máximo Kirchner
El diputado nacional Máximo Kirchner también se encuentra entre los principales acusados.
La Fiscalía le atribuye un presunto papel de organizador dentro de la asociación ilícita investigada.
Uno de los elementos considerados en la acusación es su participación en la administración de las sociedades familiares.
Máximo Kirchner fue designado presidente del directorio de una de las empresas involucradas en la investigación, circunstancia que forma parte del análisis judicial sobre su intervención en las operaciones cuestionadas.
El tribunal deberá determinar si existió una participación delictiva y, en ese caso, cuál habría sido su alcance.
Cristina y Máximo Kirchner participaron de manera virtual
En la primera audiencia del juicio, tanto Cristina como Máximo Kirchner participaron de forma virtual, al igual que otros imputados.
El presidente del tribunal aclaró que esta modalidad fue autorizada de manera excepcional.
Según lo informado, los acusados deberán comparecer presencialmente cuando llegue el momento de las declaraciones indagatorias.
Por ahora, el proceso continúa con la lectura de los requerimientos acusatorios, una instancia inicial destinada a establecer formalmente los hechos y delitos que serán objeto del debate.
Cómo sigue el juicio Hotesur y Los Sauces
Una vez finalizada la lectura de las acusaciones, el tribunal deberá avanzar con las siguientes etapas del juicio oral.
El proceso permitirá a las partes exponer sus posiciones, presentar las pruebas correspondientes y discutir las responsabilidades atribuidas a cada acusado.
Entre los aspectos centrales que deberán analizarse se encuentran el origen de los fondos, las condiciones de los contratos comerciales y el funcionamiento de las sociedades investigadas.
También se examinará si existió una estructura organizada para cometer delitos, tal como sostiene la Fiscalía.
El juicio Hotesur y Los Sauces representa un nuevo proceso judicial para Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, pero las acusaciones que se debaten todavía requieren una resolución judicial. Hasta que exista una sentencia, corresponde distinguir las hipótesis de la Fiscalía de los hechos que el tribunal considere efectivamente acreditados.
