La Justicia federal declaró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que condicionaba la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución de primera instancia fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, al hacer lugar a una acción de amparo colectivo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y gremios docentes.
Fundamentos del fallo e invalidez del mecanismo utilizado
El magistrado determinó que la disposición oficial constituyó una limitación extraconstitucional sobre una norma ratificada por el Congreso de la Nación. En su fallo, la Justicia cuestionó la utilización del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera para suspender la asignación de recursos, remarcando que el Poder Ejecutivo no podía restringir la aplicación de una ley que había sido respaldada por más de dos tercios de ambas cámaras legislativas tras un veto presidencial previo.
Orden de cumplimiento inmediato y partidas presupuestarias
La sentencia judicial intimó al Gobierno nacional a dictar de forma inmediata las medidas reglamentarias para garantizar los fondos correspondientes. Asimismo, el magistrado recordó que la Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado el impacto fiscal de la norma en un 0,23% del Producto Bruto Interno, señalando que la administración central disponía de las herramientas presupuestarias de reasignación de partidas para cumplir con la actualización salarial y las becas estudiantiles.
