El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, atraviesa un momento complicado dentro del oficialismo. Después de que fracasara su tratamiento en la Cámara de Diputados por falta de quórum, Patricia Bullrich anticipó que buscará introducir nuevas modificaciones cuando la iniciativa llegue al Senado. Los cuestionamientos apuntan principalmente a las disposiciones que podrían afectar a empresas argentinas, mientras que en la Casa Rosada interpretan el movimiento como un nuevo capítulo de la disputa política con Santiago Caputo, uno de los principales impulsores del texto.
La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría desde hace casi un mes, pero todavía no consiguió la media sanción necesaria para avanzar hacia la Cámara alta.
El oficialismo esperaba debatirla durante la sesión especial del miércoles, aunque la convocatoria terminó frustrada por apenas tres legisladores.
A las 12.31, el presidente de Diputados, Martín Menem, dio por caída la sesión cuando había 126 diputados presentes, tres menos de los 129 requeridos para alcanzar el quórum.
Los representantes de Provincias Unidas se encontraban en el recinto, pero no ocuparon sus bancas. Incluso, Menem intentó destrabar la situación mediante conversaciones con la presidenta del bloque, Gisela Scaglia, sin conseguir los apoyos necesarios.
El episodio dejó expuestas las dificultades del Gobierno para reunir consensos y profundizó las diferencias entre distintos sectores de La Libertad Avanza y sus aliados.
Bullrich cuestiona las sanciones que podrían afectar a empresas
Aunque el proyecto todavía no llegó al Senado, desde el entorno de Patricia Bullrich adelantaron que la legisladora pretende revisar varios artículos.
Su principal preocupación está relacionada con las consecuencias económicas de algunas disposiciones, especialmente aquellas que contemplan sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
En su sector consideran que la redacción podría alcanzar indirectamente a compañías argentinas que mantienen vínculos comerciales o societarios con empresas radicadas en el Reino Unido.
“Si agarrás cualquier empresa grande argentina, tiene terminales en Reino Unido. Es un absurdo”, expresó una fuente cercana a la senadora.
Las críticas son fuertes dentro de su espacio, donde incluso calificaron la iniciativa como un texto que necesita modificaciones profundas.
“Es un mamarracho esa ley. Es de un país bananero”, señalaron desde el bloque, según el material difundido.
Las objeciones sobre el impacto empresarial tampoco son nuevas.
A fines de octubre, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, había reconocido durante una visita a Buenos Aires que Washington seguía el tratamiento del proyecto con atención, particularmente por los intereses de compañías de ese país.
Ante esos cuestionamientos, el canciller Pablo Quirno sostuvo que la iniciativa no estaba dirigida contra ninguna empresa en particular.
Posteriormente, el Gobierno introdujo cambios para limitar el alcance de las sanciones.
Los cambios que ya negoció el oficialismo
En las últimas semanas, La Libertad Avanza presentó distintas versiones del proyecto para intentar sumar respaldos parlamentarios.
Uno de los puntos más discutidos fue la composición del Consejo de Seguridad Nacional.
El nuevo borrador elimina al Ministerio de Seguridad como integrante permanente de ese organismo, aunque contempla su participación en determinadas circunstancias.
Esta modificación responde a una posición que Santiago Caputo había sostenido desde el comienzo del debate, cuando planteó la conveniencia de adoptar una estructura similar a la utilizada en Estados Unidos.
Sin embargo, la decisión también implica retroceder sobre uno de los cambios que el PRO había conseguido incorporar durante las negociaciones.
Desde ese espacio aseguran que trabajaron para mejorar el texto original mediante propuestas vinculadas con el control parlamentario, la protección de infraestructura crítica y una definición más precisa de los delitos relacionados con la injerencia extranjera.
Entre los planteos del PRO figura la creación de una Comisión Bicameral destinada a supervisar las decisiones sobre seguridad nacional.
También reclamaron garantías para evitar que las disposiciones penales afecten la libertad de prensa, la libertad de expresión o las actividades académicas.
El capítulo que contemplaba sanciones contra la prensa fue uno de los puntos más cuestionados y debió ser revisado durante las conversaciones parlamentarias.
La disputa política detrás del proyecto
El fracaso de la sesión en Diputados también provocó fuertes cruces dentro del oficialismo.
Desde el sector de Santiago Caputo responsabilizaron a distintos actores políticos por la falta de quórum y expresaron malestar con el entorno de los Menem.
Uno de los dirigentes cercanos al asesor presidencial, Agustín Romo, publicó cuestionamientos contra referentes vinculados con Karina Milei.
En paralelo, Caputo denunció una presunta campaña de noticias falsas impulsada desde cuentas de redes sociales, una interpretación que posteriormente recibió el respaldo del presidente.
Las diferencias también alcanzaron a Bullrich.
En la Casa Rosada, algunos sectores consideran que sus objeciones al proyecto responden a una disputa de influencia con Santiago Caputo.
Sin embargo, desde el entorno de la senadora rechazan esa interpretación.
“No todo se tiene que leer en clave de interna”, sostuvieron.
Sus colaboradores aseguran que Bullrich no pretende perjudicar al asesor presidencial, sino evitar que se aprueben disposiciones que, según su criterio, podrían generar consecuencias negativas para el país.
También remarcan que mantiene canales de diálogo con distintos funcionarios y representantes diplomáticos.
De todos modos, las diferencias políticas entre los sectores oficialistas continúan presentes y se trasladan a otras discusiones parlamentarias, entre ellas el debate sobre las elecciones primarias y las negociaciones con bloques aliados.
Por qué fracasó la sesión en Diputados
Mientras el sector de Caputo interpretó la caída de la sesión como una maniobra política, cerca de Martín Menem ofrecieron una explicación diferente.
Según esa versión, los legisladores de Provincias Unidas decidieron no ocupar sus bancas porque el temario no incluyó un proyecto relacionado con los biocombustibles.
También señalaron que existían diferencias entre Provincias Unidas y el PRO por cuestiones vinculadas con el Consejo de la Magistratura.
Desde el entorno del presidente de Diputados rechazaron las acusaciones y aseguraron que Menem trabajó para conseguir los votos necesarios.
El episodio reflejó las dificultades que enfrenta el oficialismo para sostener acuerdos con sus aliados, especialmente cuando se acumulan negociaciones sobre distintas iniciativas legislativas.
Qué puede pasar con la Ley Malvinas
El Gobierno deberá reorganizar sus apoyos antes de intentar una nueva convocatoria para tratar la iniciativa.
El calendario parlamentario también representa un obstáculo, ya que el Presupuesto 2027 tiene previsto llegar al recinto el próximo 25 de noviembre.
Cada semana que transcurre sin una nueva sesión reduce el margen para que la Ley Malvinas obtenga media sanción y avance hacia el Senado.
En caso de conseguir la aprobación de Diputados, el proyecto deberá atravesar otra instancia de negociación en la Cámara alta, donde Bullrich ya anticipó que pretende revisar los artículos vinculados con la actividad empresarial y sus posibles consecuencias económicas.
De esta manera, una iniciativa presentada por el oficialismo como una herramienta para fortalecer la defensa de la soberanía nacional quedó atravesada por diferencias sobre su alcance, sus efectos sobre la economía y las disputas políticas dentro del propio Gobierno.





