El proceso de modernización tecnológica en las dependencias estatales sumó un nuevo marco de regulación y auditoría interna. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) oficializó una guía orientada al monitoreo de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector público, con la finalidad de establecer parámetros claros que ordenen y supervisen la adopción de estas herramientas digitales en los diversos organismos del Estado nacional.
El documento técnico, denominado de manera formal “Guía de Controles Inteligencia Artificial - SIGEN”, fue puesto en vigencia mediante la Resolución SIGEN 197/2026. La normativa plantea una estrategia de carácter preventivo que se centra en el exhaustivo análisis de riesgos, garantizando de esta manera que los proyectos que utilicen algoritmos predictivos o procesamiento automatizado se mantengan alineados con los objetivos institucionales y bajo estrictos principios de transparencia y rendición de cuentas.
Un diagnóstico ante el avance de los sistemas automatizados
De acuerdo con lo explicitado por las autoridades de la Sindicatura, el diseño de este manual técnico se estructuró a partir de un diagnóstico previo sobre el estado de evolución y despliegue de la IA en múltiples áreas de la administración centralizada y descentralizada. Si bien el relevamiento detectó una amplia gama de iniciativas innovadoras en curso, también desnudó la urgencia institucional de robustecer los dispositivos de control interno para reducir al mínimo las contingencias operativas.
El titular de la SIGEN, Alejandro Díaz, fundamentó la necesidad de este instrumento al señalar que el documento funciona como un mapa de orientación clave para identificar, evaluar y atenuar de forma oportuna las amenazas implícitas en el uso de modelos virtuales. El funcionario diferenció que, en una primera instancia, la contención del riesgo depende directamente de las capacitaciones del personal. En un segundo escalón, detalló que “se agregan controles particulares para el ciclo evolutivo del desarrollo de los sistemas, desde el estudio de viabilidad hasta las pruebas previas a la entrada en funcionamiento”.
Los principales riesgos que el Gobierno busca neutralizar
El texto normativo dedica un apartado central a las políticas institucionales que cada repartición del Estado debe redactar de forma obligatoria para regular el uso individual y colectivo de estas tecnologías. Entre las principales contingencias críticas que la guía de la SIGEN busca neutralizar con urgencia se destacan las siguientes de manera prioritaria:
Filtración de secretos de gestión: Revelación no consentida de información reservada, sensible o confidencial del Estado mediante el uso de plataformas abiertas o servicios de asistencia en nubes públicas externas.
Vulneración de la privacidad ciudadana: Tratamiento inapropiado o desregulado de datos personales de los ciudadanos, lo que podría configurar violaciones directas a las leyes de protección de datos vigentes.
Soberanía tecnológica en jaque: Una excesiva dependencia operativa de proveedores y suministradores de software extranjeros, poniendo en riesgo la continuidad de servicios públicos esenciales.
Falta de fiabilidad y sesgos: La ausencia de metodologías de validación para los resultados emitidos por los sistemas de IA, lo que podría inducir a errores o distorsiones sesgadas en la toma de decisiones gubernamentales de alto nivel.
