Por Marianella Lezama Hid
Concejala de Libres del Sur – Contadora Pública
Milei insiste con una idea que considero profundamente equivocada: tratar la tierra argentina como si fuera una mercancía más, desconectada de la soberanía, de nuestros recursos naturales y de las generaciones que vienen.
Primero intentó hacerlo con el DNU 70/2023, derogando la Ley de Tierras. Después volvió a avanzar en el Congreso con un proyecto que buscaba flexibilizar los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. En agosto, el Gobierno tuvo que retirar ese capítulo porque se quedó sin los votos necesarios, en un contexto de fuerte rechazo político y social y con una movilización convocada frente al Congreso.
Ese episodio dejó una enseñanza democrática importante: cuando la sociedad se organiza, se moviliza y defiende lo que considera patrimonio de todos, puede ponerle límites al poder. El retroceso del oficialismo no fue una concesión espontánea: respondió a la pérdida de apoyos parlamentarios en medio de una creciente presión pública.
Ahora intervino la Corte Suprema. Y también aquí hay que ser rigurosos. La Corte no declaró constitucional la derogación de la Ley de Tierras. Revocó el fallo que la había frenado porque consideró que el CECIM La Plata no tenía legitimación para iniciar esa acción. Incluso aclaró que no estaba resolviendo sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU.
Pero el efecto institucional de su decisión es concreto y grave: dejó sin efecto la sentencia que impedía aplicar la derogación impulsada por Milei. Lo que el Gobierno no pudo conseguir políticamente en el Congreso encuentra así un escenario distinto por la vía judicial.
La Ley 26.737 no prohibía la inversión extranjera. Establecía límites para proteger el dominio nacional sobre las tierras rurales, entre ellos un máximo general del 15% de titularidad extranjera. Discutir esos límites es discutir quién controla el territorio, el agua, la producción y recursos estratégicos del país.
Desde Libres del Sur tenemos una posición clara: Argentina necesita desarrollo e inversión, pero no a costa de entregar soberanía.
Milei podrá considerar que todo tiene un precio. Nuestra tierra tiene valor, historia y futuro. Y la soberanía argentina no está en venta.
