El escenario de las casas de altos estudios públicas ingresa en una fase de extrema complejidad institucional. Ante la falta de respuestas consideradas viables y efectivas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, las federaciones sindicales resolvieron activar un cese total de actividades que afectará el normal desarrollo del calendario académico, visibilizando el descontento del sector ante el desfasaje de sus ingresos.
Advertencia de profundizar las medidas y el fantasma del paro indeterminado
El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE), Santiago Coman, ratificó la adhesión local a la medida dispuesta por la CONADU. El dirigente remarcó que las acciones de fuerza se irán profundizando de manera sistemática en caso de que persista la negativa oficial a convocar a una mesa de diálogo: “Esto es algo que desde ADUNSE y CONADU no queremos”, apuntó el referente gremial, dejando en claro que la parálisis no es el objetivo deseado sino la última herramienta de reclamo.
Tras la finalización de esta semana de huelga, las conducciones nacionales se reunirán en un nuevo plenario para evaluar el impacto de la protesta y delinear la estrategia de cara a la segunda mitad del año. Entre las posturas que asoman con mayor consenso para ser debatidas en dicha instancia, no se descarta activar un paro por tiempo indeterminado inmediatamente después del receso invernal, lo que pondría en serio riesgo el inicio del segundo cuatrimestre en todo el país.
Estrategia judicial y la diferenciación del presupuesto
Para Coman, la vía idónea para enfrentar la embestida del Gobierno nacional contra el sistema educativo público radica en la utilización de los mecanismos institucionales vigentes. “La única manera es recurriendo a los procesos democráticos, a las normas y a la justicia, para poder brindar claridad sobre nuestro reclamo”, fundamentó. El dirigente recordó que el pasado 15 de mayo, ADUNSE presentó ante la CONADU una plataforma basada en tres ejes:
Diferenciación de partidas: Coman exigió separar conceptualmente el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, bienes y servicios del dinero que se requiere para los hospitales universitarios y para la masa salarial, señalando que los fondos operativos son mínimos en comparación con los sueldos del personal.
Intimación administrativa: La propuesta local exige que la entidad nacional reclame la urgente apertura de la paritaria sectorial por fuera de la ley de financiamiento. De no obtener respuestas, se avanzará con un pronto despacho administrativo para luego recurrir formalmente a la Justicia Federal.
Convenio Colectivo: Se propuso centrar las demandas en la defensa de la carrera docente, las condiciones de bioseguridad y el medio ambiente de trabajo, recordando que la paritaria es una obligación de rango constitucional y legal para la patronal.
Finalmente, el titular de ADUNSE coincidió en la necesidad de establecer parámetros objetivos y auditorías recíprocas sobre el uso de los fondos del Estado por tratarse de dinero público, instando a optimizar la administración interna de los establecimientos. Sin embargo, lanzó una fuerte crítica a la mirada mercantilista de la educación: “No se debe mirar a las universidades en términos de capital económico y financiero, porque la debemos mirar primero en términos de capital social, dado que ese capital social genera una fuerte transformación en la comunidad”, concluyó.
