Un giro drástico dio en las últimas horas la investigación por una supuesta estafa millonaria que había generado conmoción en la capital provincial. Juan José Santillán, de 46 años y vecino del barrio Primero de Mayo, recuperó su libertad luego de que la Justicia determinara la inexistencia de elementos probatorios que lo vincularan con el delito de maniobras fraudulentas con comprobantes apócrifos de Mercado Pago.
La resolución judicial se concretó durante la jornada del viernes tras el traslado del demorado a la sede fiscal, donde prestó declaración indagatoria ante el fiscal de turno, Dr. Jaime Nicolás Santillán. Durante el procedimiento, el imputado entregó de forma voluntaria su dispositivo móvil y el historial completo de sus billeteras virtuales, acreditando operaciones financieras legítimas y de data anterior que se remontaban al año 2024.
Falta de sustento probatorio y liberación
Por su parte, los propietarios del comercio ubicado en el barrio Misky Mayu —en la vecina ciudad de La Banda—, donde Santillán había sido retenido y señalado por una presunta transferencia fraudulenta valuada en 4,5 millones de pesos, no lograron aportar pruebas documentales ni elementos técnicos que fundamentaran la acusación en esa instancia.
Ante la orfandad probatoria y la demostración de la trazabilidad de sus cuentas, la fiscalía dispuso su inmediata libertad, desvinculándolo de manera provisoria de la causa por estafa.
La postura de la defensa y nuevas denuncias
Tras quedar en libertad, el eje central de las actuaciones judiciales se trasladó hacia los delitos cometidos en perjuicio del propio Santillán. Su representante legal, el Dr. Marcos Layús, confirmó que evalúan accionar formalmente con una contrademanda penal por las agresiones físicas y los abusos sufridos durante su retención.
En primer término, la querella requerirá el esclarecimiento de las lesiones padecidas por el vecino tras recibir una severa golpiza antes del arribo policial a la Comisaría Comunitaria N.º 12. Asimismo, la defensa impulsará una investigación paralela por el apoderamiento ilegítimo de fondos, luego de constatarse que durante el forcejeo y la retención se habría sustraído su teléfono celular para concretar una transferencia no autorizada por la suma de $150.000 hacia cuentas de terceros.
