En el marco de un debate legislativo que se extiende desde hace casi dos años sobre la problemática del juego de azar y la ludopatía, el reclamo del diputado Maximiliano Ferraro —respaldado en la media sanción obtenida en la Cámara baja en noviembre de 2024— volvió a poner en agenda la necesidad de avanzar en un marco regulatorio nacional.
En ese escenario, la postura expuesta por el senador santiagueño Gerardo Zamora puso de relieve el proyecto de su autoría ingresado en la Cámara alta el pasado 23 de abril de 2026, el cual propone establecer normas estrictas para el patrocinio, promoción y publicidad de las plataformas de apuestas virtuales, priorizando la resguardo integral de niños, niñas y adolescentes.
Restricciones a la publicidad deportiva y bonos
La iniciativa parlamentaria elaborada por el legislador por Santiago del Estero contempla un paquete de medidas restrictivas destinadas a frenar el avance del juego en el público infantil y juvenil. Entre los puntos más salientes, la normativa prohíbe de manera taxativa la publicidad dirigida a menores de edad y veta el uso de imágenes de deportistas y figuras públicas en las piezas promocionales.
Asimismo, el texto legal dispone la eliminación de los patrocinios en indumentaria deportiva, estadios y sedes de instituciones de la sociedad civil, sumado a la prohibición definitiva de los denominados "bonos de bienvenida" que otorgan las plataformas de apuestas online para captar nuevos usuarios.
Bloqueo en escuelas y severas sanciones
El marco regulatorio exige la inclusión de advertencias sanitarias obligatorias sobre los riesgos de la adicción en toda comunicación comercial, al tiempo que dispone la prohibición de emplazar cartelería publicitaria en cercanías de establecimientos educativos y ordena el bloqueo informático de los sitios web de apuestas dentro del perímetro escolar.
Finalmente, el proyecto estipula un régimen de sanciones que abarca fuertes multas económicas y contempla la eventual suspensión o caducidad de las licencias operativas a aquellas firmas y plataformas digitales que incumplan las disposiciones de la ley.
