El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas que propone ampliar las sanciones contra personas y empresas que desarrollen determinadas actividades vinculadas con recursos naturales en las islas sin autorización argentina. La iniciativa también plantea cambios de mayor alcance en materia de seguridad, defensa, inteligencia y protección aérea y marítima.
El texto, según la información suministrada, ratifica la posición argentina respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, cuya soberanía es objeto de una disputa entre Argentina y el Reino Unido.
El Gobierno pidió al Congreso priorizar su tratamiento y el presidente Javier Milei sostuvo en una carta difundida públicamente que las medidas adoptadas hasta ahora fueron “ineficaces e insuficientes” para la defensa de la posición argentina.
“No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, expresó Milei, según el material proporcionado.
La iniciativa todavía necesita atravesar el tratamiento del Congreso, por lo que las sanciones y modificaciones que contempla no deben considerarse vigentes.
De los hidrocarburos a todos los recursos naturales
Uno de los cambios centrales sería ampliar el alcance del régimen actualmente concentrado en actividades hidrocarburíferas.
El proyecto abarcaría actividades relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables realizadas sin autorización de las autoridades argentinas en las áreas alcanzadas por el texto.
Esto permitiría incluir, entre otras actividades potencialmente comprendidas, la explotación de recursos pesqueros, además de hidrocarburos y otros recursos.
La propuesta no alcanzaría únicamente a quien realice directamente la explotación.
También contempla responsabilidades para socios, accionistas, controlantes y determinados proveedores de bienes o servicios considerados esenciales para desarrollar las operaciones prohibidas, bajo las condiciones previstas en el proyecto.
Las penas y multas que propone el proyecto
El esquema informado contempla diferentes escalas de prisión, multas e inhabilitaciones dependiendo de la conducta.
Para quien, con conocimiento de la situación, suministre bienes o servicios esenciales e indispensables para determinadas actividades alcanzadas, se proponen penas de 5 a 7 años de prisión, además de multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial.
Para determinadas actividades de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización argentina, el proyecto establece penas de 12 a 15 años de prisión y multas equivalentes a entre 40.000 y 200.000 barriles.
En el caso de determinadas actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, la escala informada ascendería a 12 a 20 años de prisión, con multas equivalentes a entre 100.000 y dos millones de barriles.
Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos en los territorios y espacios comprendidos por el proyecto sin autorización argentina, las penas propuestas alcanzarían entre 15 y 20 años de prisión, además de multas equivalentes a entre 150.000 y tres millones de barriles de petróleo.
El texto también contempla inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de posibles consecuencias para contrataciones, habilitaciones y vínculos con el Estado argentino.
Juicio en ausencia y un régimen para abandonar las actividades
Otra modificación propuesta es incorporar determinados delitos contemplados en el proyecto al régimen de juicio en ausencia, lo que permitiría avanzar judicialmente bajo las condiciones establecidas por ese mecanismo aun cuando el acusado no se encuentre a disposición de la Justicia argentina.
Paralelamente, se propone un Régimen de Desistimiento y Regularización.
Según el esquema informado, quienes hayan desarrollado determinadas actividades alcanzadas podrían solicitar su incorporación si demuestran que cesaron esas operaciones y asumen el compromiso de no reiterarlas.
La regularización podría incluir el pago de multas o la reconversión de determinadas inversiones hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino y, bajo las condiciones previstas, podría producir efectos sobre la acción penal.
Qué propone para el espacio aéreo y marítimo
Uno de los capítulos de mayor alcance establece procedimientos de protección aeroespacial y marítima.
En materia aérea, el proyecto prevé mecanismos para detectar, identificar e interceptar aeronaves consideradas irregulares u hostiles, mediante procedimientos que deberán aplicarse conforme a las condiciones previstas por la normativa.
En el ámbito marítimo, contempla mecanismos para detener e inspeccionar embarcaciones.
Según el texto proporcionado, la escala de actuación podría incluir advertencias, disparos de advertencia y, como última instancia, medidas destinadas a inutilizar una embarcación.
La aplicación concreta de estas facultades dependería de los supuestos, protocolos, autoridades competentes y demás condiciones que establezca la norma si finalmente resulta aprobada.
Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional
El proyecto va más allá de la cuestión estrictamente vinculada con Malvinas y propone crear un Sistema de Seguridad Nacional.
La estructura buscaría coordinar áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica.
El órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente de la Nación.
Entre sus miembros permanentes, según el proyecto suministrado, estarían:
- Presidente de la Nación
- Jefe de Gabinete
- Ministro de Relaciones Exteriores
- Ministro de Defensa
- Ministro de Economía
- Secretario de Inteligencia de Estado
- Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia
El Consejo tendría entre sus responsabilidades la elaboración y coordinación de políticas de Seguridad Nacional y la protección de infraestructuras consideradas críticas o de interés nacional.
Las facultades económicas previstas
Otro punto relevante son las herramientas que el proyecto otorgaría ante determinadas amenazas externas graves e inminentes.
Según la iniciativa proporcionada, el esquema permitiría adoptar medidas relacionadas con operaciones cambiarias y bancarias, importaciones y exportaciones, contratos, beneficios estatales y bloqueo temporal de activos.
También se contempla la posibilidad de elevar hasta 75% determinados derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado, bajo los supuestos previstos por el proyecto.
Estas facultades forman parte de la iniciativa parlamentaria y no constituyen actualmente poderes adicionales vigentes por el solo envío del proyecto al Congreso.
Cambios en Defensa Nacional e inteligencia
El proyecto propone además modificaciones al esquema de Defensa Nacional, ampliando el concepto de amenazas externas para incorporar actores estatales y no estatales y amenazas de carácter no cinético.
También contempla la utilización de capacidades de las Fuerzas Armadas para la protección de infraestructura crítica en las circunstancias previstas.
A esto se agregan disposiciones vinculadas con inteligencia, secretos, influencia extranjera y acciones dirigidas a interferir en procesos electorales, además de restricciones sobre financiamiento extranjero de campañas.
Se trata de aspectos que exceden específicamente la explotación de recursos en Malvinas y que, de aprobarse, introducirían cambios más amplios en el marco argentino de seguridad y defensa.
Qué falta para que los cambios entren en vigencia
Por ahora, se trata de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.
El Gobierno pidió priorizar su discusión, pero será el Poder Legislativo el que deberá debatir sus artículos y eventualmente aprobarlos, rechazarlos o introducir modificaciones durante el trámite parlamentario.
Por esa razón, las penas de prisión, multas, inhabilitaciones, facultades económicas y mecanismos de protección aérea y marítima descriptos corresponden al esquema propuesto y no deben interpretarse como disposiciones actualmente vigentes.
