El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó este domingo su rechazo formal a los recortes presupuestarios en el área de discapacidad contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. A través de una declaración pública en la red social X, el mandatario provincial anticipó que los legisladores de su espacio en el Congreso de la Nación no respaldarán las modificaciones propuestas por la administración central.
"Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos", enfatizó el gobernador. En ese sentido, puntualizó que la cobertura de terapias, traslados y prestaciones básicas en el territorio provincial no representa un acto de beneficencia, sino una prioridad de Estado orientada a garantizar el acceso equitativo e independiente del lugar de residencia o la condición social del beneficiario.
Advertencia por desfinanciamiento y rol del Estado nacional
En su pronunciamiento, Llaryora instruyó a los representantes de su provincia en la Cámara de Diputados y el Senado a frenar el avance del proyecto oficialista. El mandatario advirtió que el trabajo conjunto ejecutado en territorio cordobés con más de 350 organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales resulta insuficiente ante la eventual interrupción del financiamiento federal, escenario que situaría al sector ante un eventual colapso de las prestaciones.
"Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento", remarcó el jefe del Ejecutivo cordobés al fundamentar la necesidad de mantener el compromiso estatal integral.
Ejes de la controversia presupuestaria
El posicionamiento de la provincia de Córdoba surge a partir del envío del proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso, el cual proponía modificaciones sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre los puntos de mayor discrepancia se destacaban la eliminación de los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, el cambio en la frecuencia de actualización arancelaria de mensual a trimestral y la modificación de las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas.
Asimismo, la iniciativa contemplaba la incompatibilidad del beneficio con el empleo registrado o el monotributo, y dejaba sin efecto la asignación directa mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Ante las resistencias generadas en bloques aliados, organizaciones sociales e integrantes del ámbito legislativo, el oficialismo mantiene conversaciones en la Cámara de Diputados, donde se debaten alternativas para prorrogar la normativa vigente.
