El panorama político y social en la región andina ingresó en una fase de extrema gravedad que pone en jaque la gobernabilidad democrática. La crisis política en Bolivia se intensificó de forma dramática luego de confirmarse la renuncia de tres ministros clave del gabinete del presidente Rodrigo Paz, en un escenario de asfixia económica provocado por una ola de protestas y piquetes que paraliza al país desde hace más de cinco semanas.
Según reportaron agencias internacionales y medios locales como El Deber, las dimisiones en serie corresponden a Beatriz García, ministra de Educación, y Marcelo Salinas, titular de la cartera de Defensa, a quienes se suma el responsable del Ministerio de Trabajo, quien ya había abandonado su cargo semanas atrás. Las salidas de las máximas autoridades civiles se produjeron en el más absoluto hermetismo oficial, sin que la Casa Grande del Pueblo haya designado aún a sus reemplazantes, sembrando una profunda incertidumbre sobre la continuidad pedagógica y el control militar del territorio.
Bloqueos de rutas, desabastecimiento y pérdidas millonarias
Las movilizaciones y los cercos viales, coordinados activamente por sindicatos de trabajadores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y bases aliadas al expresidente Evo Morales, se extienden con fuerza por ocho de los nueve departamentos del territorio boliviano. Las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro se consolidaron como los epicentros más afectados por la interrupción total del tránsito vehicular.
El impacto de las medidas de fuerza civil adquirió tintes de catástrofe humanitaria. De acuerdo con datos del sector empresarial, los bloqueos generaron un desabastecimiento crítico de combustibles, alimentos esenciales, medicamentos de alta complejidad y oxígeno medicinal. Al día de hoy, el saldo fatal del conflicto registra nueve personas fallecidas —seis de las cuales murieron por no poder recibir asistencia médica a tiempo en las rutas— y las pérdidas financieras ya superan la alarmante cifra de 1.900 millones de dólares, agravando la recesión estructural que arrastra el país desde 2023.
Intento fallido de corredores humanitarios y el fantasma del Estado de Excepción
La administración de Rodrigo Paz intentó quebrar el aislamiento de las capitales mediante la activación de dos operativos con fuerzas conjuntas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para establecer corredores humanitarios de abastecimiento. Sin embargo, ambas intervenciones estatales culminaron en sangrientos disturbios y batallas campales, obligando al Ejecutivo a replegar las tropas. Ante la gravedad de la situación, desde el palacio de Gobierno evalúan la implementación de un Estado de Excepción sectorializado, medida que es considerada por el presidente como el último recurso constitucional disponible.
Por su parte, las organizaciones sociales alineadas en las protestas mantienen una postura intransigente de "diálogo cero" y exigen de forma unánime la dimisión inmediata del jefe de Estado. En la arena legislativa, diversos bloques de la oposición propusieron avanzar hacia un adelanto del referéndum revocatorio para definir la continuidad de Paz, de los parlamentarios y del vicepresidente Edmand Lara, alternativa que fue rechazada de plano por la vicepresidencia al catalogarla como un flagrante golpe constitucional.
PUBLICIDAD
