El Gobierno nacional decidió postergar nuevamente la actualización de los impuestos que se aplican sobre la nafta y el gasoil, con el objetivo de evitar un impacto adicional sobre los precios de los combustibles y contener las presiones inflacionarias. Según lo establecido en el Decreto 723/2026, citado en la información difundida, los incrementos previstos para noviembre comenzarán a regir a partir del 1 de diciembre de 2026.
La medida alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), dos componentes tributarios que forman parte del precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
La decisión representa una nueva modificación del calendario de actualizaciones impositivas, que acumula varios períodos de incrementos diferidos.
El mecanismo vigente establece que estos gravámenes deben actualizarse periódicamente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sin embargo, durante los últimos trimestres, el Poder Ejecutivo recurrió a sucesivas postergaciones para evitar que los aumentos acumulados se trasladaran de manera inmediata al valor de los combustibles.
Con esta nueva disposición, el Gobierno busca moderar el impacto de los ajustes tributarios sobre el bolsillo de los consumidores y sobre diferentes actividades económicas que dependen del transporte.
Qué pasará con los precios de la nafta y el gasoil en noviembre
La postergación de los impuestos implica que el incremento tributario previsto para noviembre no se aplicaría durante ese mes, de acuerdo con el cronograma mencionado en el decreto.
Esto representa un alivio frente a una posible suba adicional del precio final de los combustibles, aunque no significa que la nafta y el gasoil tengan sus valores congelados.
Las empresas petroleras pueden modificar sus precios por factores que no dependen directamente de los impuestos nacionales.
Entre las variables que influyen en los surtidores se encuentran la cotización internacional del petróleo, el tipo de cambio, los costos de refinación y distribución, y el valor de los biocombustibles.
Por ese motivo, aunque se difiera el componente impositivo, podrían registrarse otros ajustes comerciales durante noviembre.
La medida tiene especial importancia para los conductores particulares, pero también para sectores que utilizan combustibles como parte fundamental de sus actividades.
Es el caso del transporte de cargas, las empresas de logística, el transporte público de pasajeros y la producción agropecuaria, entre otros rubros.
Un aumento en los costos del combustible puede trasladarse a los precios de bienes y servicios, especialmente cuando incide sobre el traslado de mercaderías y la distribución de productos.
En ese contexto, el Gobierno busca evitar que la actualización tributaria genere una presión adicional sobre la inflación.
Según la fundamentación reproducida en la información oficial, la disposición procura “otorgar previsibilidad y asegurar la estabilidad macroeconómica, garantizando un trayecto gradual en la adecuación de las cargas tributarias específicas”.
Por qué se postergan los impuestos y qué podría ocurrir en diciembre
El esquema de actualizaciones impositivas sobre los combustibles acumula incrementos pendientes de aplicación.
Esto ocurre porque los gravámenes están vinculados con la evolución de la inflación, pero sus ajustes no siempre se trasladan a los surtidores en las fechas originalmente previstas.
Las sucesivas postergaciones permiten distribuir el impacto de los aumentos a lo largo del tiempo, aunque también generan diferencias entre la recaudación tributaria proyectada y la efectivamente obtenida.
En este escenario, el Poder Ejecutivo debe equilibrar dos objetivos: evitar aumentos bruscos en los precios y avanzar con la actualización de los impuestos establecidos por la normativa vigente.
De acuerdo con el nuevo cronograma mencionado, el próximo 1 de diciembre sería la fecha prevista para comenzar a aplicar los incrementos que fueron diferidos.
No obstante, el Gobierno podría adoptar nuevas decisiones antes de ese vencimiento, como ya ocurrió en oportunidades anteriores.
Por ese motivo, el sector petrolero y las actividades vinculadas con el transporte permanecerán atentos a las próximas disposiciones oficiales.
Para los consumidores de Santiago del Estero y del resto del país, el principal efecto de la medida es que la actualización tributaria programada para noviembre no debería agregar, por sí misma, una nueva presión sobre los precios en las estaciones de servicio.
Sin embargo, el valor final de la nafta y el gasoil continuará sujeto a las decisiones comerciales de las empresas y a la evolución de los costos del sector.
En definitiva, la postergación no elimina los aumentos impositivos pendientes, sino que traslada su aplicación al mes de diciembre, mientras el Gobierno intenta moderar su impacto sobre la inflación y la actividad económica.
