La licenciada en Fonoaudiología Camila Toledo, integrante del Colectivo Federal por la Emergencia en Discapacidad, visitó ADN de Radio, por Radio LV11, y analizó el escenario que atraviesa el sector tras el tratamiento de un nuevo proyecto legislativo en la Cámara de Diputados. Durante la entrevista, reconoció que la iniciativa incorpora avances para las personas con discapacidad, pero advirtió que todavía quedan cuestiones fundamentales sin resolver, especialmente las deudas con los prestadores, las dificultades para acceder a tratamientos y las desigualdades entre las provincias.
La profesional también cuestionó la falta de participación de las organizaciones vinculadas con la discapacidad en la elaboración de la propuesta y planteó la necesidad de avanzar hacia una legislación integral que contemple las distintas realidades del país.
“Nos ayuda un montón, pero tampoco es una ley marco”, sostuvo al referirse al alcance del proyecto que, según explicó, obtuvo media sanción y todavía debe atravesar el tratamiento del Senado.
Camila Toledo analizó el escenario de la discapacidad en Argentina
Durante la conversación, Toledo recordó el trabajo desarrollado por el Colectivo Federal por la Emergencia en Discapacidad, espacio del que forma parte y que participó en el impulso de la legislación de emergencia para el sector.
La fonoaudióloga explicó que las organizaciones habían solicitado una prórroga de la emergencia, mientras que el oficialismo presentó una nueva propuesta legislativa.
Según su interpretación, el debate debe comprenderse dentro de un escenario de dificultades económicas y administrativas que afecta tanto a las personas con discapacidad como a sus familias y a los profesionales que brindan prestaciones.
En ese contexto, cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional y mencionó las auditorías de pensiones, los cambios en las coberturas de salud y los problemas de financiamiento.
Toledo consideró que estas situaciones tuvieron consecuencias sobre el acceso a los servicios.
“Discapacidad está compuesto por las personas que tienen un diagnóstico, pero también por todos los prestadores, los profesionales y los que trabajamos alrededor”, explicó.
Nueva ley de discapacidad: qué avances reconoció la fonoaudióloga
Uno de los principales puntos de la entrevista estuvo relacionado con el contenido del proyecto que obtuvo media sanción.
Toledo señaló que la nueva iniciativa recupera una parte importante de los mecanismos contemplados en la legislación de emergencia.
Según explicó, entre los aspectos abordados se encuentran las garantías relacionadas con las pensiones, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las prestaciones y los mecanismos de actualización de los aranceles.
La profesional consideró que esos puntos representan avances para el sector.
Sin embargo, sostuvo que el proyecto no resuelve todos los problemas estructurales.
“Si necesitábamos una ley marco, esto queda un poco corto”, afirmó.
Para Toledo, una legislación integral debería superar las respuestas parciales y contemplar cuestiones como el acceso a los tratamientos, la distribución territorial de los servicios y las condiciones económicas de los prestadores.
“Vamos poniendo parches”: el reclamo por una legislación integral
La fonoaudióloga explicó que el sistema normativo argentino en materia de discapacidad se construyó a partir de distintas leyes y modificaciones acumuladas a lo largo de los años.
Por ese motivo, consideró necesario avanzar hacia una regulación que integre las diferentes dimensiones del sector.
“Sobre leyes preestablecidas se ha ido legislando”, señaló.
En su análisis, las medidas destinadas a garantizar pensiones o prestaciones resultan importantes, pero no alcanzan para resolver todas las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad.
Toledo planteó que una verdadera ley marco debería incorporar una perspectiva federal y reconocer que el acceso a los servicios no es igual en todas las provincias.
Las dificultades para acceder al CUD y a tratamientos en Santiago del Estero
Al referirse a la realidad provincial, Toledo destacó que existen diferencias importantes entre quienes viven en centros urbanos y quienes residen en localidades alejadas.
Explicó que incluso en ciudades donde existe una mayor concentración de servicios pueden registrarse demoras para acceder a determinados trámites y tratamientos.
Como ejemplo, mencionó las dificultades para obtener turnos destinados a la tramitación del Certificado Único de Discapacidad.
“Para sacar un CUD te están dando turnos de aquí a, por lo menos, cuatro o cinco meses”, sostuvo al describir situaciones que, según su experiencia, se presentan en el sistema.
También hizo referencia a las familias que perdieron determinadas coberturas de salud y deben recurrir a hospitales públicos.
En ese marco, mencionó situaciones de atención pediátrica en el CEPSI de Santiago del Estero, donde, según su relato, algunas familias enfrentan intervalos prolongados entre consultas.
La profesional aclaró que estas dificultades no son exclusivas de la provincia.
“Argentina es un país federal, pero profundamente desigual en territorios”, expresó.
Prestadores de discapacidad: preocupación por las deudas pendientes
Otro de los ejes centrales fue la situación económica de los profesionales e instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad.
Durante la entrevista se mencionó una deuda estimada en alrededor de $400.000 millones a nivel nacional, cifra planteada en la conversación y que no fue acompañada por documentación de respaldo.
Toledo explicó que uno de los reclamos del sector está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo de los aranceles durante 2025.
Según indicó, hubo un período de aproximadamente ocho meses sin actualizaciones suficientes, mientras los costos de funcionamiento continuaban aumentando.
La profesional sostuvo que la legislación de emergencia contemplaba una compensación para los prestadores afectados.
“Hemos hecho las cargas de facturación y eso fue todo. Quedaban como trámite iniciado y nada más”, relató.
De acuerdo con su explicación, el nuevo proyecto incorpora disposiciones relacionadas con esas compensaciones y un esquema para regularizar pagos pendientes.
Toledo mencionó plazos previstos para organizar y cancelar esas obligaciones, aunque su aplicación dependerá del texto definitivo de la norma y de su eventual entrada en vigencia.
El reclamo por la participación de las organizaciones de discapacidad
Durante la entrevista, los conductores también consultaron por la participación de las organizaciones representativas en el debate parlamentario.
Toledo consideró que este fue uno de los puntos más cuestionables del proceso.
La profesional sostuvo que las organizaciones habían trabajado durante meses en la emergencia del sector y que esperaban una discusión más amplia sobre las necesidades de las personas con discapacidad.
En ese sentido, señaló que el nuevo proyecto contiene elementos positivos, pero que el procedimiento legislativo dejó interrogantes sobre el lugar que ocuparon los colectivos involucrados.
También hizo referencia a las distintas posiciones expresadas por legisladores durante la sesión, incluidas las abstenciones y los votos negativos.
Para Toledo, esas diferencias reflejan que todavía existen discusiones pendientes sobre el alcance de las políticas públicas destinadas al sector.
El papel de la Justicia en los reclamos por discapacidad
La entrevistada también destacó la intervención judicial en distintos conflictos vinculados con el financiamiento de prestaciones.
Según relató, las organizaciones debieron recurrir a acciones judiciales para reclamar respuestas frente a demoras en los pagos y dificultades de cobertura.
Entre los ejemplos mencionó situaciones relacionadas con PAMI e Incluir Salud.
Toledo sostuvo que las decisiones judiciales permitieron impulsar respuestas ante algunos de esos reclamos.
En su interpretación, estas intervenciones reflejan la obligación del Estado de garantizar los derechos reconocidos a las personas con discapacidad.
La profesional recordó que Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento internacional que cuenta con jerarquía constitucional en el país.
Qué falta para que el proyecto se convierta en ley
Al analizar los pasos siguientes, Toledo explicó que la iniciativa todavía debía atravesar el tratamiento del Senado.
La fonoaudióloga también expresó preocupación por la posibilidad de nuevos desacuerdos políticos durante el proceso legislativo.
Según manifestó, uno de los interrogantes es si el texto finalmente aprobado conservará las disposiciones que las organizaciones consideran necesarias para sostener el sistema.
También se preguntó cuándo volverá a abrirse una discusión profunda sobre los problemas estructurales del sector.
“¿Cuándo volvemos a hablar de discapacidad si esto se da?”, planteó.
La pregunta sintetizó una de sus principales preocupaciones: que la aprobación de una nueva norma postergue el tratamiento de cuestiones que todavía no encuentran una solución integral.
“Es hablar de qué tipo de sociedad queremos construir”
Hacia el cierre de su análisis, Toledo sostuvo que la discusión sobre discapacidad no debe limitarse a una cuestión presupuestaria.
La profesional consideró que el debate también involucra el modelo de sociedad y el lugar que se reconoce a las personas con discapacidad.
“Es calidad de vida, es hablar de qué tipo de sociedad queremos construir”, expresó.
Desde esa perspectiva, remarcó la importancia de garantizar condiciones de inclusión y acceso a derechos, independientemente de las posibilidades económicas de cada familia o del lugar donde viva.
La fonoaudióloga concluyó que, aunque el proyecto incorpora avances para el sector, todavía es necesario trabajar sobre las deudas con los prestadores, las dificultades de acceso a los servicios y las desigualdades territoriales que afectan a las personas con discapacidad en Santiago del Estero y el resto del país.
