Un sorpresivo trasfondo geopolítico volvió a irrumpir en el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 tras revelarse el motivo institucional por el cual los árbitros Michael Oliver y Anthony Taylor, dos de las máximas figuras del referato de Inglaterra, se encuentran vetados por la FIFA para dirigir partidos de la Selección Argentina. La restricción, que excede las normativas técnicas tradicionales del organismo deportivo, responde de forma directa a cuestiones diplomáticas e históricas que los marginan de la consideración para los cotejos del conjunto albiceleste.
El colegiado Michael Oliver alcanzará este jueves su séptima presencia histórica en la competencia al impartir justicia en el cruce de cuartos de final entre España y Bélgica en la sede de Los Ángeles, convirtiéndose en el réferi inglés con más partidos en Mundiales. A pesar de su destacada consideración técnica, el análisis internacional determinó que sus probabilidades de ser designado para la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium son nulas si en el partido decisivo se encuentra involucrado el plantel de la Argentina o, lógicamente, el representativo de su propio país.
El antecedente de 1982 y la neutralidad de la FIFA
La reglamentación de la FIFA prohíbe de manera taxativa que los árbitros coordinen partidos de sus respectivas federaciones de origen para blindar la neutralidad de la competencia. Sin embargo, en el caso del vínculo anglo-argentino, la comisión de arbitrajes aplica un veto especial fundado en el legado histórico de la Guerra de las Malvinas de 1982, el conflicto bélico que enfrentó al Reino Unido y a la República Argentina por la soberanía de las islas del Atlántico Sur.
Para evitar suspicacias, tensiones extrafutbolísticas o cuestionamientos sobre el terreno de juego, las autoridades del fútbol asociado determinaron mantener de forma permanente la exclusión de los jueces ingleses en cualquier llave que involucre al equipo argentino. Esta medida de protección preventiva anula cualquier tipo de designación para Oliver y Taylor frente a la Scaloneta, consolidando una decisión política que busca preservar la paz deportiva dentro del certamen global.
