La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar un presunto esquema de irregularidades en la implementación del plan de retiros voluntarios del Ministerio de Justicia durante 2024 y 2025, con la sospecha de que ese mecanismo podría haberse replicado posteriormente en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
La presentación fue realizada por el periodista e investigador Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien además solicitó ser aceptado como querellante en la causa.
Los funcionarios alcanzados por la denuncia
El escrito apunta contra María Florencia Zicavo, exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI; Juan Cruz Montero, exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del organismo; el abogado Danilo Sergio Montevidoni, Emilio Zicavo y otras personas que pudieran surgir durante la investigación.
La denuncia menciona como posibles delitos negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito y presuntas inconsistencias en declaraciones juradas patrimoniales.
No obstante, el propio escrito aclara que se trata de hipótesis que deberán ser investigadas, sin atribuir responsabilidades penales de manera anticipada.
Qué cuestiona la presentación
El eje central de la denuncia se concentra en el procedimiento utilizado para desvincular a trabajadores contratados mediante el ente cooperador ACARA.
Según la presentación, aunque la normativa establecía que las desvinculaciones debían formalizarse mediante escritura pública, en la práctica se habrían realizado homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), lo que, según el denunciante, habría generado honorarios profesionales no previstos en la reglamentación.
También se sostiene que numerosos trabajadores habrían sido representados por un mismo abogado sin haberlo elegido libremente.
Además, el escrito solicita investigar presuntos vínculos societarios entre algunos de los involucrados, posibles inconsistencias patrimoniales, el uso de un vehículo perteneciente a una empresa contratista del Estado y la falta de respuesta oficial a pedidos de acceso a la información pública relacionados con el plan de retiros.
Posible vínculo con el PAMI
Uno de los pedidos formulados ante la Justicia busca determinar si el traslado de exfuncionarios del Ministerio de Justicia hacia cargos de conducción en el PAMI implicó la aplicación del mismo modelo de gestión administrativa y desvinculación de personal dentro del organismo.
Como parte de las medidas solicitadas, la denuncia requiere el envío de documentación oficial, declaraciones testimoniales, la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la revisión de registros societarios y patrimoniales.
Desde el Gobierno nacional, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, rechazaron de manera categórica las acusaciones y aseguraron que todos los procesos de retiro voluntario se realizaron sin irregularidades y conforme a la normativa vigente.
