Daniela Aguila, secretaria de Derechos Humanos de Santiago del Estero y referente provincial en materia de discapacidad, pasó este viernes por los estudios de LV11 para cerrar la semana en Actualidad Política. Allí expresó su preocupación por los cambios que, según explicó, contempla el proyecto de Presupuesto en relación con el sistema de prestaciones para personas con discapacidad y advirtió sobre las consecuencias que podrían tener para pacientes, familias y prestadores.
Durante la entrevista, Aguila contó que esta semana participó de una reunión junto a ministros de Salud y referentes de discapacidad de distintas provincias, donde, según relató, se plantearon reclamos vinculados con financiamiento, pensiones y cobertura de prestaciones.
Fue en ese ámbito, aseguró, donde una referencia a una eventual “nueva ley de discapacidad” encendió las primeras alarmas.
“Tenemos una Convención que tiene rango constitucional que establece que la discapacidad debe salir del modelo médico hacia un modelo social”, señaló.
Posteriormente, según su relato, conocieron el contenido del proyecto de Presupuesto y comenzaron a analizar el alcance que podrían tener algunos de sus artículos.
¿Qué es lo que preocupa?
Aguila explicó en LV11 que actualmente existe un sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad acompañado por un nomenclador que establece valores de referencia para diferentes servicios en todo el país.
Entre ellos mencionó centros de día, maestros de apoyo, terapias, transporte y centros educativos terapéuticos, entre otras prestaciones.
Según la interpretación que expuso durante la entrevista, el proyecto en discusión modificaría ese esquema nacional, algo que considera particularmente preocupante por las diferencias que podrían producirse entre jurisdicciones y financiadores.
“Cuando vemos que en ese artículo se elimina el nomenclador, se elimina el sistema único y se le da la facultad a las obras sociales y prepagas de que paguen lo que quieren, al monto que quieren y la prestación que quieran, estamos en un problema muy serio”, afirmó.
Al tratarse de un proyecto sujeto todavía al debate legislativo, el alcance definitivo dependerá del texto que finalmente sea aprobado por el Congreso.
“No sabemos si nuestros hijos van a tener las terapias”
La funcionaria llevó luego la discusión al impacto cotidiano que, a su entender, podrían enfrentar las familias.
“Nos preocupa porque ahora no sabemos si nuestros hijos van a tener las terapias, si van a poder concurrir a un centro de día, si van a poder ir a un centro educativo terapéutico o a un hogar para adultos con discapacidad”, manifestó.
Aguila sostuvo que una eventual reducción en el acceso a estas prestaciones no puede ser reemplazada únicamente por el cuidado familiar.
En ese sentido, remarcó que las terapias pueden resultar fundamentales para desarrollar autonomía, habilidades para la vida diaria, educación e inserción laboral, dependiendo de las necesidades particulares de cada persona.
También advirtió sobre la situación económica de los prestadores y transportistas. Según afirmó, existen centros con dificultades para afrontar sus costos y demoras en los pagos.
Reclamos de las provincias por el financiamiento
Otro de los puntos abordados fue la distribución de responsabilidades entre Nación y las provincias.
Aguila aseguró que durante el encuentro federal las jurisdicciones plantearon reclamos por lo que consideran un desfinanciamiento nacional del sistema.
“Las provincias están cubriendo más del 90% de lo que correspondería cubrir a Nación en cuestiones de atención a personas con discapacidad”, afirmó. Ese porcentaje corresponde a la exposición de la funcionaria en LV11 y requiere datos oficiales para establecer su alcance a nivel nacional.
También mencionó dificultades relacionadas con altas de pensiones y acceso a coberturas de salud, además de la situación de los prestadores.
“Un padre y una madre van a dar la vida por los derechos de sus hijos”
Hacia el final, la entrevista tomó un tono personal. Aguila contó que es madre de un hijo adulto con discapacidad y explicó que su preocupación trasciende su función pública.
“Se han metido con quien no se debían meter, porque un padre y una madre van a dar la vida para defender los derechos de nuestros hijos”, expresó.
Y anticipó que las familias continuarán reclamando si consideran amenazadas las prestaciones.
“Si tenemos que salir los padres a la calle a reclamar por los derechos de nuestros hijos, vamos a salir. Así tengamos que ir caminando desde Santiago hasta el Congreso, a Buenos Aires, reclamar lo vamos a hacer”, sostuvo.
Aguila cerró planteando una preocupación que, según explicó, atraviesa a muchas familias: qué sucederá con las personas con discapacidad cuando sus padres o principales cuidadores ya no puedan acompañarlas.
“Nosotros no vamos a vivir siempre. Y ellos se merecen tener un Estado presente para toda la vida, estemos o no estemos nosotros”, concluyó en Actualidad Política por LV11.
