La Justicia santiagueña dictó la prisión preventiva por el plazo de un año para Abdón Alberto Juárez, acusado de estar involucrado en al menos 11 hechos de estafa vinculados con operaciones de automóviles y por un perjuicio económico que superaría los $160 millones.
La medida fue solicitada por la fiscal Dra. Luján González Garay, quien presentó ante la Justicia los elementos incorporados hasta el momento a una investigación que continúa avanzando y que, según trascendió, tendría alrededor de 40 denunciantes.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el acusado habría utilizado una agencia dedicada a la comercialización de vehículos como mecanismo para generar confianza entre las personas que posteriormente resultarían damnificadas.
¿Cómo habría funcionado la maniobra?
Según la investigación, Juárez habría recibido vehículos bajo distintas modalidades. Algunos rodados eran entregados para que fueran comercializados, otros como parte del cumplimiento de determinadas obligaciones y también existieron operaciones en las que debían ser posteriormente entregados a terceras personas.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que en diferentes casos los automóviles habrían sido vendidos, desviados o directamente hechos desaparecer, mientras que sus propietarios no habrían recibido el dinero correspondiente ni recuperado sus vehículos.
La causa también contempla situaciones en las que presuntamente se utilizaron documentos y otras maniobras engañosas para concretar los desapoderamientos.
Los hechos investigados se habrían producido en diferentes localidades de Santiago del Estero, por lo que los investigadores continúan recopilando información para reconstruir cada una de las operaciones y determinar el alcance definitivo del presunto perjuicio.
Por qué seguirá detenido
Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que todavía existen riesgos procesales que impiden que el acusado recupere la libertad.
Entre ellos fueron mencionados el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. También se hizo especial referencia al cierre intempestivo de la concesionaria y a un presunto vaciamiento del establecimiento.
La defensa, por su parte, solicitó el cese de la prisión preventiva al considerar que se encontraba vencido el plazo de investigación. Además, planteó la nulidad de la orden de detención.
De manera subsidiaria, pidió que la medida fuera morigerada mediante arresto domiciliario, alegando razones humanitarias y familiares.
Luego de escuchar a ambas partes, la jueza de Control y Garantías, Dra. Carolina Salas, rechazó los planteos de la defensa y resolvió dictar la prisión preventiva por un año, mientras continúa la investigación por las presuntas estafas millonarias.
