El Gobierno nacional oficializó este martes la privatización de Transener, la empresa líder en el transporte de energía eléctrica en alta tensión de la Argentina. La medida quedó ratificada mediante la Resolución 673/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, marcando un hito en el proceso de desinversión de las empresas públicas bajo la órbita de Enarsa.
La adjudicación recayó sobre el consorcio conformado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A., quienes presentaron una oferta económica de 356,1 millones de dólares (sin IVA). Esta propuesta superó ampliamente a sus competidores en la compulsa: Central Puerto S.A., que ofertó 301 millones de dólares, y EDENOR S.A., que se ubicó en tercer lugar con 230 millones de dólares.
El esquema de la venta
El proceso contempló la venta de la participación que el Estado, a través de Energía Argentina S.A. (Enarsa), poseía en Citelec (Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica). Citelec es la sociedad que controla el 52,65% del capital accionario de Transener. Con este movimiento, el consorcio Edison-Genneia pasa a gestionar no solo la red nacional de alta tensión, sino también su participación indirecta en TRANSBA (transporte troncal en la provincia de Buenos Aires) y en la firma Transener Internacional Ltda. en Brasil.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que los montos ofrecidos superaron el precio base fijado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), calificando la operación como "razonable y exitosa" para los intereses del Tesoro Nacional.
Transparencia y plazos
La licitación se realizó bajo la modalidad de concurso público nacional e internacional, con difusión en plataformas como CONTRAT.AR y el sitio DGMARKET del Banco Mundial, buscando atraer capitales extranjeros y garantizar la competencia. Según establece la resolución, ahora se abre un plazo de 15 días hábiles para la firma del contrato de compraventa de acciones.
Esta privatización es parte de un esquema de venta por etapas de los activos de Enarsa. Según fuentes oficiales, el objetivo es garantizar la continuidad de las obras de infraestructura eléctrica en ejecución mientras se traslada la responsabilidad operativa y financiera al sector privado, en línea con el programa económico de reforma del Estado de la gestión libertaria.
