La situación denunciada alrededor de Ueno Bank en Paraguay abrió un debate que también tiene puntos de contacto con la realidad argentina: el manejo de los fondos públicos, la responsabilidad de los gobiernos y los controles sobre las entidades financieras. En diálogo con el Multimedio LV11 y Nuevo Diario, el contador público nacional Carlos Alberto Torres analizó el conflicto desde una perspectiva económica y política, cuestionó la presunta asignación de recursos estatales a un banco privado y explicó por qué considera que el escenario paraguayo no debe confundirse con el corralito que atravesó Argentina en 2001.
El profesional santiagueño, que mantiene una estrecha relación personal y comercial con Paraguay, sostuvo que el principal interrogante no pasa únicamente por la situación patrimonial de una entidad financiera, sino por las decisiones políticas que habrían permitido su crecimiento y su participación en la administración de recursos públicos.
“¿Por qué el Estado paraguayo, en vez de disponer todos esos fondos de jubilación y fondos del Estado, los pone en un banco privado?”, planteó durante la entrevista.
La pregunta se convirtió en uno de los ejes centrales de su análisis y permite trasladar la discusión a un problema que también forma parte de los debates económicos argentinos: quién administra el dinero público, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de supervisión.
Torres recordó que Paraguay dispone de una entidad financiera estatal, el Banco Nacional de Fomento, y cuestionó los criterios que, según su interpretación, habrían favorecido la participación de Ueno Bank en el manejo de fondos del Estado.
Desde su perspectiva, las decisiones de esa naturaleza deben analizarse no solamente desde el funcionamiento del mercado, sino también desde la responsabilidad de las autoridades que las autorizan.
La comparación con Argentina y el recuerdo del corralito de 2001
Durante la conversación, Torres hizo una referencia directa a uno de los episodios económicos más traumáticos de la historia argentina: la crisis bancaria de diciembre de 2001.
El contador señaló que había escuchado comparaciones entre la situación atribuida a Ueno Bank y el denominado corralito argentino, pero rechazó que ambos escenarios puedan equipararse.
“El sistema bancario de Paraguay es sólido, no es un corralito”, afirmó.
También hizo referencia a las diferencias en las exigencias de encaje bancario entre ambos países.
Según explicó, los bancos paraguayos cuentan con condiciones de liquidez y funcionamiento distintas a las argentinas, aunque los porcentajes mencionados durante la entrevista requieren corroboración con la normativa vigente de cada banco central.
Para Torres, el caso que describió en Paraguay representa un problema concentrado en una entidad y en las decisiones que habrían acompañado su expansión, mientras que el corralito argentino fue una medida de alcance general que restringió la disponibilidad de depósitos en el sistema financiero.
Esa distinción resulta fundamental para comprender su postura.
El especialista sostuvo que las entidades bancarias de mayor trayectoria en Paraguay cuentan con estructuras patrimoniales que, a su entender, permitirían mantener el funcionamiento del sistema financiero.
Por eso, insistió en que no corresponde trasladar automáticamente el temor de una crisis bancaria generalizada a partir de las dificultades atribuidas a una institución particular.
Sin embargo, reconoció que una situación de estas características puede generar consecuencias sociales importantes.
El problema, según su análisis, aparece cuando los ciudadanos dependen de una entidad para recibir pagos, realizar compras, acceder a sus ahorros o mantener en funcionamiento sus actividades comerciales.
En ese punto, la comparación con Argentina adquiere una dimensión social: la importancia de preservar la confianza pública en el sistema bancario y evitar que las decisiones financieras terminen perjudicando a los sectores más vulnerables.
El rol del poder político y la responsabilidad sobre el dinero del Estado
Más allá de las diferencias económicas entre Argentina y Paraguay, Torres dedicó buena parte de la entrevista a cuestionar la relación entre las entidades financieras y el poder político.
El contador sostuvo que el crecimiento de Ueno Bank habría estado acompañado por decisiones gubernamentales que facilitaron su expansión y el acceso a recursos estatales.
En ese contexto, formuló cuestionamientos sobre las presuntas vinculaciones entre dirigentes políticos y la entidad.
También describió supuestas irregularidades contables y crediticias que, de confirmarse, podrían haber comprometido la situación patrimonial del banco.
Estas afirmaciones corresponden a la interpretación del entrevistado y no deben considerarse hechos judicialmente acreditados.
Uno de sus principales señalamientos estuvo relacionado con la necesidad de que los organismos de supervisión actúen de manera independiente y oportuna.
Para Torres, el problema político comienza cuando las decisiones sobre el dinero público quedan expuestas a posibles conflictos de intereses o a controles insuficientes.
Esa reflexión permite establecer una conexión con el debate argentino sobre la transparencia de la administración estatal, la regulación bancaria y el papel de las instituciones públicas.
Aunque no formuló una acusación concreta contra el Gobierno argentino ni señaló una situación equivalente en nuestro país, sus declaraciones plantean interrogantes que exceden las fronteras paraguayas.
¿Quién controla las decisiones financieras del Estado? ¿Qué garantías existen cuando los recursos públicos son administrados por instituciones privadas? ¿Quién responde si una entidad enfrenta problemas de solvencia?
Son preguntas que surgen del análisis del contador y que adquieren especial importancia cuando están involucrados fondos destinados a jubilaciones, prestaciones sociales u otras obligaciones estatales.
El entrevistado también advirtió sobre las consecuencias que una crisis financiera puede provocar en la economía cotidiana.
“Está golpeado el pueblo”, expresó al referirse a los usuarios y pequeños comerciantes que podrían verse perjudicados por eventuales interrupciones en los servicios bancarios.
Según explicó, una caída en la disponibilidad de tarjetas o medios digitales de pago puede afectar directamente las ventas de comercios de cercanía, incluso cuando las grandes empresas y las principales entidades financieras continúan operando.
En esa línea, consideró que el impacto social podría ser más significativo que las consecuencias sobre la actividad macroeconómica.
Finalmente, Torres insistió en que el análisis de cualquier crisis bancaria debe contemplar tanto la responsabilidad de los administradores de las entidades como la actuación de los organismos públicos encargados de supervisarlas.
Su exposición en LV11 y Nuevo Diario dejó una reflexión que conecta el escenario paraguayo con la experiencia argentina: la estabilidad financiera no depende solamente de la fortaleza de los bancos, sino también de la transparencia de las decisiones políticas y de la capacidad del Estado para proteger los recursos de los ciudadanos.
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