El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso por el gobierno de Javier Milei abrió una discusión que excede la cuestión Malvinas. Constitucionalistas, dirigentes opositores y organizaciones periodísticas cuestionaron algunos de sus artículos por considerar que las figuras vinculadas con la “desinformación masiva” y la “manipulación de la opinión pública” podrían afectar la libertad de expresión. Desde el Gobierno rechazan esa interpretación y sostienen que las disposiciones apuntan a operaciones de influencia extranjera y estarán sujetas a control judicial.
Uno de los puntos cuestionados es el artículo 111 del proyecto, que, según el texto proporcionado, propone incorporar el artículo 225 bis al Código Penal.
La figura contempla penas de entre cinco y doce años de prisión para quien, actuando por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, procure alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
La escala subiría a entre ocho y quince años cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
Un punto relevante es que la disposición no alcanzaría a cualquier publicación considerada falsa o controvertida, sino que exige, según el proyecto citado, una vinculación con un Estado, organización o agente extranjero.
Las críticas por la definición de “desinformación”
Las objeciones se concentran en la precisión de conceptos como “desinformación masiva”, “manipulación de la opinión pública”, “amenaza” o medios “engañosos”.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, consultado por Infobae, consideró que se trata de un tipo penal “abierto, indeterminado” y sostuvo que podría entrar en tensión con el principio de legalidad penal.
También advirtió sobre un eventual “efecto intimidante” derivado de las penas previstas.
“Vos empezás a cuidar lo que vas a decir”, sostuvo, al plantear que el temor a una investigación penal podría generar autocensura.
El constitucionalista Félix Lonigro expresó reparos similares y cuestionó quién determinaría cuándo una información constituye desinformación. A su entender, una definición ambigua podría otorgar un margen excesivo para interpretar qué conductas quedan alcanzadas.
También Diego Armesto puso el foco en la utilización del concepto de “amenaza”, al que consideró susceptible de interpretaciones amplias.
Estas consideraciones corresponden a las opiniones jurídicas de los especialistas consultados y no constituyen una declaración judicial de inconstitucionalidad del proyecto.
Qué otros artículos generan cuestionamientos
La discusión también alcanza al artículo 88, que, de acuerdo con el material suministrado, contempla infracciones contra la Seguridad Nacional cuando exista una vinculación con un Estado u organización extranjera que interfiera mediante mecanismos “clandestinos, engañosos o coercitivos” en decisiones de autoridades argentinas.
El proyecto también otorgaría al Consejo de Seguridad Nacional funciones dentro del régimen y permitiría adoptar determinadas medidas urgentes ante amenazas consideradas “graves e inminentes”.
Además, se contemplan delitos relacionados con la entrega de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros y con la colaboración deliberada en operaciones clandestinas de inteligencia.
Estas últimas figuras incluyen requisitos específicos, como el conocimiento de la naturaleza de la operación, la colaboración material o la conexión con actividades de inteligencia extranjera.
La postura del Gobierno
Frente a los cuestionamientos, fuentes oficiales citadas en la información proporcionada rechazaron que el objetivo del proyecto sea limitar la libertad de expresión.
La posición oficial sostiene que las herramientas fueron diseñadas para responder a nuevas formas de amenazas externas, entre ellas operaciones clandestinas o acciones de influencia extranjera que no necesariamente implican una agresión militar convencional.
También argumentaron que las decisiones administrativas podrán ser revisadas judicialmente, que existirán mecanismos de defensa para las personas investigadas y que el Congreso tendrá la posibilidad de modificar el articulado durante su tratamiento.
Desde la oposición, en cambio, legisladores como Nicolás Trotta, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano expresaron objeciones sobre el alcance de las figuras propuestas.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), según la información suministrada, también reclamó una delimitación precisa de expresiones como “manipular la opinión pública” y “desinformación”, además de garantías específicas para proteger opiniones, críticas e informaciones amparadas por la libertad de expresión.
El punto central quedará ahora en manos del Congreso, donde deberá discutirse el alcance definitivo de los artículos, las penas previstas, los requisitos para acreditar una vinculación extranjera y las garantías para evitar afectaciones indebidas a la libertad de expresión.
Importante: se trata de un proyecto enviado al Congreso, no de una ley vigente. Las disposiciones descriptas pueden ser modificadas durante el debate legislativo.
