Los principales puertos de la Argentina atraviesan una situación crítica. Más de 140 barcos permanecen detenidos luego de que una gran cantidad de prácticos decidiera dejar de aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026, que desreguló el sistema de practicaje y pilotaje impulsado por el Gobierno nacional.
La medida ya afecta el funcionamiento de terminales estratégicas como Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca y San Lorenzo, donde se encuentran paralizadas numerosas operaciones de ingreso y salida de buques.
Qué originó el conflicto
El detonante fue la publicación del decreto firmado por el Gobierno, que modifica el funcionamiento del servicio de practicaje, una tarea considerada esencial para que los barcos puedan ingresar y salir de los puertos de manera segura.
En respuesta, numerosos prácticos optaron por no aceptar nuevas operaciones, mientras la Prefectura Naval Argentina notificó a más de 500 profesionales para que retomen sus funciones.
Sin embargo, desde el sector sostienen que no se trata de un paro gremial, sino de una decisión individual de profesionales autónomos.
Advierten por el impacto económico
El presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, aseguró que la situación ya repercute directamente sobre el comercio exterior.
Según explicó, sin prácticos los buques no pueden ingresar a zonas restringidas de navegación, ya que representan una garantía de seguridad para las embarcaciones y las terminales portuarias.
Además, advirtió que la paralización afecta las exportaciones, las importaciones y la distribución de combustibles, con consecuencias que podrían agravarse si el conflicto continúa durante los próximos días.
El Gobierno mantiene la desregulación
El Decreto 690/2026 fue impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con el objetivo de abrir el mercado y reducir costos para la operatoria portuaria.
Entre otros cambios, la normativa habilita nuevos operadores y fija precios máximos para el servicio.
No obstante, referentes del sector cuestionan la iniciativa y sostienen que la medida incrementa los riesgos operativos, además de generar incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema.
Buscan una salida negociada
Mientras la Prefectura continúa notificando a los profesionales involucrados, desde distintos sectores reclaman una instancia de diálogo entre el Gobierno y los prácticos para destrabar el conflicto.
Según Morales, una mesa de negociación permitiría revisar algunos puntos del decreto y normalizar rápidamente la actividad en los puertos.
Por el momento, la parálisis mantiene más de 140 buques sin operar, afectando uno de los principales circuitos logísticos del país y generando preocupación por el impacto que podría tener sobre la economía argentina si la situación se prolonga.
