Tras la finalización de la feria judicial de invierno, la investigación patrimonial contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni reactivó su marcha en los tribunales de Comodoro Py. La causa, conducida por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, busca determinar si existieron inconsistencias entre los ingresos declarados por el exfuncionario y su nivel de gastos.
En este nuevo tramo, la Fiscalía profundizó el análisis de un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI).
El eje central de las pesquisas está puesto en la trazabilidad de sus activos digitales. La Justicia procura certificar la veracidad de una inversión en Bitcoin iniciada en 2014 que —según declaraciones del propio Adorni— le habría reportado ganancias cercanas a los 500.000 dólares, para determinar si guarda correlación con la venta de activos por 565.000 dólares volcada en su declaración jurada del año 2025.
Al mismo tiempo, el juzgado unificó en el expediente principal una serie de denuncias por presunta falsedad ideológica presentadas por dirigentes de la Coalición Cívica y organizaciones civiles. Las presentaciones acusan al exjefe de ministros de haber omitido información sobre bienes e inmuebles en sus presentaciones oficiales, lo que habría vulnerado los controles éticos y fiscales de la función pública.
