Un encendido conflicto legal y económico estalló en el norte bonaerense tras la decisión de la Municipalidad de Ramallo de hacer efectivo el cobro de la denominada "Tasa de Tránsito Pesado". La medida generó una dura reacción de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que presentaron una denuncia formal ante la Secretaría de Transporte de la Nación exigiendo la suspensión inmediata del esquema, al que calificaron de "peaje encubierto e inconstitucional".
El gravamen exige el pago de $37.000 por cada camión que ingresa al distrito, monto al que se le adicionan $25.000 extraordinarios si el vehículo accede a una planta industrial. Además, los transportistas recordaron que desde enero rige en las estaciones de servicio locales una tasa municipal del 2% sobre cada litro de combustible.
La controversia se agrava por el punto estratégico donde se montó el control: el Acceso Sánchez (ex Ruta Provincial 87), una traza de 5,1 kilómetros que une la Ruta Nacional Nº 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás. Al ser la única vía habilitada para el transporte pesado, las empresas remarcan que se trata de una "aduana interior" sin rutas alternativas.
Un negocio privado garantizado por dos décadas
Uno de los puntos más cuestionados por las entidades empresarias es la privatización de la recaudación. Mediante la Licitación Pública Nº 3/2025, el intendente Mauro Poletti adjudicó la instalación de los pórticos tecnológicos y el cobro del gravamen a la empresa Plus Byte S.R.L., la cual se quedará con aproximadamente el 50% de todo lo recaudado durante un plazo de 20 años.
De acuerdo a estimaciones de Fadeeac, el costo por kilómetro que impone el esquema de Ramallo supera en un 120% la tarifa del peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, con un impacto financiero anual que podría alcanzar entre $100 millones y $500 millones por empresa, amenazando la continuidad de las operaciones logísticas y agroindustriales en la zona.
La postura de la Comuna: contraprestación e infraestructura
Frente a las acusaciones, desde el municipio argumentaron que la tasa no es una creación reciente —aseguran que existe desde 2002—, sino que la incorporación de tecnología mediante arcos de pesaje permitió universalizar el cobro a todo el parque automotor pesado y no solo a cinco grandes empresas cerealeras e industriales radicadas en el lugar.
Asimismo, la administración local defendió la legalidad del tributo sosteniendo que existe una contraprestación directa traducida en mantenimiento de calzada, iluminación, señalización vial, asistencia técnica y la futura construcción de una playa de estacionamiento con servicios y duchas para los transportistas.
Por su parte, la UIA advirtió sobre el riesgo sistémico que representa este antecedente para la economía nacional, señalando que la proliferación desmedida de tasas municipales en territorio bonaerense encarece los costos logísticos, erosiona la competitividad y atenta contra el libre tránsito de mercaderías garantizado por la Constitución Nacional.
